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Un grupo de 17 diputados frenó a última hora un proyecto para endurecer la reglas y multas de tránsito, debido a que tienen dudas sobre la forma en que se sancionaría el exceso de ruido y gas en todo tipo de automotores.
El plan, aprobado en primer debate, establece una sanción de ¢307.000 por producir ruidos o emisiones contaminantes por encima de los límites permitidos.
17 legisladores decidieron suspender la votación final del proyecto 19.636 llevándolo a la Sala IV antes de que sea sometido a segundo debate.
Y, ante los magistrados, lo que plantean es que podría ser inconstitucional responsabilizar a un conductor por la contaminación sónica o atmosférica que produzca un automóvil si él no es el dueño, sino que lo conduce por arrendamiento o por empleo, por ejemplo.
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"Se estaría sancionando a una persona por acciones u omisiones dolosas o culposas, impericias, negligencias o imprudencias que escapan a su voluntad y control, personas como choferes, taxistas, mensajeros y otros trabajadores", dice la consulta presentada el martes pasado.
En la ley vigente, el artículo 146, inciso j, sanciona con ¢51.316 a quien registre excesos en la emisión de gases. Por su parte, el artículo 147, inciso v, multa con ¢21.992 a quien supere los límites establecidos de ruido según el vehículo que conduce.
La iniciativa de la consulta ante la Sala IV fue del legislador Rolando González, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien recogió las firmas de dos liberacionistas más, cinco miembros del Frente Amplio, cinco del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dos libertarios, uno del Partido Acción Ciudadana y uno de Restauración Nacional.
Por vía telefónica, González aseguró que "hay elementos que podrían incidir en perjuicio de quienes trabajan en medios de transporte de distinto tipo".
Recibida la consulta en la Sala Constitucional, la votación en segundo debate se frenaría por un mes, tiempo establecido legalmente para que los magistrados se pronuncien sobre lo consultado por los congresistas.
Otras multas.
Al enviar este proyecto a los jueces de la Sala IV, también quedan suspendidas otras reformas como la que impondría una sanción de ¢307.000 a quienes se nieguen a hacerse la alcoholemia.
Además, queda congelada la sanción de ¢104.000 a quien maneje un vehículo sin el tipo de licencia requerido, o lleve más pasajeros de los que le autoriza la ley.
En el proyecto, también, se fija una sanción económica de ¢51.316 si el conductor ignora las indicaciones de un oficial de Tránsito y a quien opere un taxi o un vehículo de servicio especial de pasajeros en una zona no autorizada.
