El pulso por los derechos de las personas sexualmente diversas del país tendrá un nuevo capítulo, esta vez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El Gobierno anunció este martes que acudirá al órgano internacional para consultar respecto a los derechos de las personas gais, bisexuales y transexuales en Costa Rica.
Específicamente, el país preguntará si la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) protege el derecho a cambiar de nombre, según la identidad de género.
Actualmente, la única vía para hacerlo es la judicial. Por eso, también se quiere saber si la Corte IDH considera necesario crear un procedimiento administrativo gratuito y más ágil.
Por otra parte, se consultará si la Convención consagra derechos patrimoniales para las parejas del mismo sexo, y si es necesario que una figura jurídica regule esos vínculos.
La vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, será la representante del Estado en este proceso. Ella aseguró que el recurso se pide como un refuerzo, para saber si las acciones emprendidas hasta ahora están bien encaminadas.
Chacón también se refirió a la posición que adoptará el Gobierno ante el pronunciamiento que emita el ente internacional: "De todo lo que la Corte y la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos) han dicho, hemos sido respetuosos".
El anuncio se hizo en Casa Presidencial, en un acto conmemorativo del Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia.
Joel Vargas, un joven que asistió a la cita, expresó sentimientos encontrados ante la consulta que hará el Estado.
"Para lo que ha dado el Gobierno, o gobiernos anteriores, a las personas sexualmente diversas, me parece un avance. No lo aplaudo con tantas ganas porque es una forma de agarrar otros medios para llegar al mismo fin; creo que se podría hacer de forma más directa", manifestó.
No obstante, sí considera que el precedente que marcará la opinión de la Corte, de ser positiva para el movimiento de diversidad, será importante.
"No me queda claro qué tan vinculante sería un fallo de la Corte. Hemos visto que en el país hay formas de burlarlos. Sin embargo, creo que hacer la consulta pone la mira en Costa Rica. Esperemos que el fallo sea vinculante, y si no lo es, que por lo menos sirva como medida de presión para avanzar, añadió Mar Fournier.
Ambos activistas coinciden en que, independientemente de lo que diga la Corte IDH, el Estado cuenta con vías propias y más rápidas para garantizar los derechos en cuestión.
