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San José
"Tampoco puedo guardar silencio en este momento sobre situaciones que deben ser conocidas para resolver las fallas del Estado costarricense". Con esa frase, antecedió el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, un listado de 14 denuncias que presentó a los costarricenses en su informe de los 100 días el 28 de agosto del 2014, hace casi un año.
Doce meses después, los resultados de las investigaciones judiciales son claros: ningún funcionario o persona ha sido acusada formalmente por delitos contra el Estado. De las 14 denuncias, solo cuatro se elevaron a investigación, pero el expediente (que unió los cuatro casos) se desestimó a petición de la Fiscalía el pasado 21 de mayo.
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) analizó de oficio el informe de los 100 días del presidente y determinó que podían existir indicios de delitos en cuatro de las denuncias.
Se trata del extravío de 117 carros de Casa Presidencial, la lujosa casa que mantiene cada mes el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), el pago de horas extras a un círculo de asesores del Ministerio de Educación y los puestos de jefaturas de la Compañía Nacional de Fuerza Luz que no tenían a cargo personal ni proyectos.
Las cuatro denuncias se incluyeron en la causa penal 14-000057-621-PE.
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Según informó la Fiscalía a La Nación, "luego de varios meses de investigación, la FAPTA confirmó que ni las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ni la información brindada por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) arrojaron elementos de prueba que acreditaran la existencia de un delito penal cometido por algún funcionario público".
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Las restantes diez denuncias de Solís no tenían suficientes indicios de comisión de delito para ser elevadas a una investigación judicial.
Casa Presidencial informó que no han sido notificados de niguna decisión judicial relacionada con las denuncias que presentó Solís en su discurso de los 100 días.
"Una desestimación no significa que un hecho no haya ocurrido, sino que los fiscales no han encontrado elementos suficientes para perseguirlo.El Poder Ejecutivo tiene toda la disposición de colaborar con el Ministerio Público en la búsqueda de la verdad acerca de los hechos denunciados", explicó el Gobierno vía comunicado de prensa, la tarde de este miércoles.
Un año después, el INCOP sigue pagando la misma cifra cada mes por el mantenimiento de la casa, aunque no se usa desde el 8 de mayo del 2014, según confirmó la presidenta ejecutiva de esa institución, Lianette Medina.
La jerarca explicó que la casa de lujo es propiedad legal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), pero la administración la tiene el INCOP.
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Actualmente la institución elabora un reglamento de uso de la casa que debe ser aprobado por la Junta Directiva de la Junta Promotora que administra la casa.
Medina comentó, que en el INCOP valoran la posibilidad de hacer cambios a la Ley 8461 para permitir que la casa pueda ser alquilada o utilizada con otros fines.
En este momento, el INCOP solo puede alquilar o prestar la casa a actividades con fines comunales.
Sobre este tema Casa Presidencial manifestó que "la llamada Casa de la Loma está construida sobre un terreno del MOPT, por lo tanto pertenece al Estado costarricense y no se puede vender, pero se estudian opciones para que la comunidad obtenga un mejor provecho de ese bien".
El Gobierno aseguró, que "el Incop ha encontrado nuevos elementos probatorios que pronto se enviarán al Ministerio Público".
"En esa misma institución también se pagan ¢60 millones anuales en alquiler de un edificio, en el que solo trabajan 4 personas", agregó Solís en su discurso de 100 días.
Sobre esta afirmación, Medina explicó que se trató de una "apreciación no correcta", ya que el edificio es propiedad del INCOP y la institución no lo alquila.
En el inmueble, que se ubica en el Paseo Colón, laboran seis funcionarios: cuatro del INCOP y dos de un fideicomiso de esa entidad con el Banco Nacional.
Carros extraviados. Solís denunció que existían 117 vehículos registrados a nombre de Casa Presidencial que no aparecen.
"Francamente, no creo, y tampoco piensen ustedes, que se los han robado, pero lo cierto es que nadie sabe decirnos dónde están", comentó el gobernante durante su informe.
El director Jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal, dijo que el informe final de los vehículos se remitió a la Fiscalía y se adjuntó a la causa penal que ya se había abierto.
De los 117 vehículos extraviados, finalmente lograron encontrar solo 17, los restantes 100 no aparecieron y fueron desinscritos en el Registro Nacional, agregó Carvajal.
Horas extras en el MEP. El pago de horas extras a un "círculo de asesores del Ministro", que por ser puestos de confianza no marcaba horas de entrada ni de salida y duplicaban su salario cada mes, también se encuentra en investigación por parte de la Auditoría del Ministerio de Educación Pública.
La oficina de prensa del MEP, informó que a petición de la ministra, Sonia Marta Mora, la Auditoría de esa institución entregó hace unos meses un informe de avance que confirma irregularidades de forma parcial, pero que no se puede divulgar porque el caso sigue en investigación.
Otras denuncias. Solís también denunció la difícil situación financiera que atraviesa la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), además de la existencia de puestos de jefaturas que no tenían a cargo ni personal ni proyectos para ejecutar.
En febrero de este año, la CNFL aplicó movilidad laboral y el 5% de su planilla salió de la entidad lo que les permitirá ahorrar ¢3.000 millones anuales.
La Nación intentó obtener una entrevista con un vocero de la CNFL para conocer las acciones concretas que se tomaron con la denuncia del presidente, pero en la oficina de prensa informaron que no fue posible.
El discurso de los 100 del mandatario también señaló "pagos abusivos" de horas extras en el MOPT.
El oficial mayor de esa institución, Mario Avilés, manifestó que desde la denuncia del presidente se han aplicado mecanismos de fiscalización, supervisión y control para el pago de horas extras.
También se implementaron los lineamientos de la Contraloría General de la República (CGR) para el pago de tiempo extraordinario y se ajustaron roles en algunos niveles de acuerdo con las posibilidades.
Incluso en los puestos de despachos y oficinas se están implementando políticas para evitar el pago excesivo de horas extras.
Fotografía de Eyleen Vargas, fotoperiodista de La Nación.
Información actualizada a las 6:53 p. m.
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