El expresidente ejecutivo de la Refinadora Costarricense de Petróleo, Litleton Bolton, afirmó que la decisión de plantear una demanda contra la Contraloría General de la República (CGR), por frenar la modernización de la refinería de Moín, surgió de directrices emitidas por el exministro de Ambiente y Energía (Minae), René Castro.
No obstante, Castro negó esa afirmación y sostuvo que la iniciativa de presentar el caso ante el Tribunal Contencioso Administrativo la tomó exclusivamente la junta directiva de Recope.
El exministro fue rector del sector energético del Gobierno durante la administración de la expresidenta Laura Chinchilla.
Aunque firmó la demanda cuando todavía era presidente ejecutivo de Recope, el 24 de abril pasado, Bolton negó que la iniciativa para plantear un proceso contencioso administrativo contra la CGR fuera a título personal.
“Las demandas fueron preparadas por un equipo de la Dirección Jurídica de Recope (…). Mi trato con la Contraloría siempre ha sido de respeto y obediciencia (…). Estas mismas demandas iban a ser planteadas por la empresa conjunta (con China), Soresco, con un alto costo en honorarios de abogados externos”, indicó Bolton a este medio vía correo electrónico.
Proceso extenso. La modernización de la refinería de Moín fue negociada con el Gobierno de China desde el 2006. Ese país iba a facilitar $1.552 millones para desarrollar el proyecto.
Sin embargo, hace un año la CGR emitió dos actos administrativos que frenaron el plan al prohibírsele a Recope utilizar el estudio de factibilidad de la refinería, hecho por la empresa HQCEC y el análisis de riesgo y factibilidad financiera que realizó la compañía WorleyParsons.
En su demanda, Recope pide al Tribunal suspender esos actos para seguir adelante con el proyecto.
René Castro dijo que las intenciones de demandar a la Contraloría fueron expuestas ante el Consejo de Gobierno, que avaló proceder con la acusación.
“No hubo una directriz (para interponer la demanda). Lo que surgió fue la pregunta sobre qué mecanismos íbamos a usar los costarricenses para no perder los $30 millones que costaron los estudios técnicos que cuestiona la Contraloría”.
“Entonces, los técnicos de Recope y de Soresco dijeron que sólo había dos caminos posibles: ir a un proceso contencioso administrativo para demostrar errores u omisiones departe de la Contraloría, o utilizar mecanismos de arbitraje internacional contra la empresa WorleyParsons para que pruebe si el informe que nos entregó es correcto o, de lo contrario, que le reembolse al país el monto cancelado”, explicó Castro.
Todo ese proceso de discusión, agregó el exministro, se le informó “paso a paso” al Gobierno de China, por ser socio de Costa Rica en el desarrollo de la ampliación de la refinería de Moín.
“Ellos (los chinos) se mostraron sorprendidos cuando se enteraron de los argumentos de la Contraloría para oponerse al proyecto, porque daban por un hecho de que en el país no había órganos especializados en petróleo”, afirmó el exministro.
Sobre el proceso contencioso administrativo, René Castro dijo que espera que los jueces resuelvan la demanda con base en criterios técnicos.
“Yo espero que no se resuelva por la presión ni de Twitter, ni de un programa radiofónico mañanero. El primero es un segmento muy activo pero que profundiza poco en los temas, y estamos hablando de que el proyecto (de la refinería) va a definir el futuro energético del país de los próximo 20 ó 30 años”, concluyó el exjerarca.
