El gobierno de Daniel Ortega cumplió su amenaza. Nicaragua formalizó ante la Corte Internacional de Justifica (CIJ) su reclamo para obtener derechos de navegación en el río Colorado, de total soberanía costarricense.
La petición está contenida en el documento de defensa presentado por Managua en el juicio bilateral abierto por el conflicto en torno a isla Calero, proceso que comenzó en diciembre del 2010 en la sede de la CIJ, en La Haya, Holanda.
Ortega exige el derecho de navegar el río costarricense con el argumento de que el 90% de su caudal proviene de fuentes nicaraguenses y que, por ese desvío, sufre la imposibilidad de navegar su río San Juan de manera regular.
El reclamo se presentó desde agosto, pero autoridades costarricenses no reconocían hasta ahora la existencia de ese requerimiento de Nicaragua, el cual también exige total soberanía sobre el área de bahía San Juan del Norte (junto a desembocadura del San Juan), ahora sedimentada y de soberanía compartida.
Costa Rica reaccionó con un rechazo inmediato. El canciller Enrique Castillo admitió este sábado el contenido de tales documentos y lo explicó como la expresión de “las intenciones expansionistas del gobierno de Daniel Ortega”.
“Es parte de su política hostil y agresiva contra su vecina del sur. Es un complemento de lo que constituye isla Portillo”, dijo en referencia al conflicto desatado en octubre del 2010, cuando Costa Rica denunció una invasión de nicaraguenses en tierras desocupadas de la frontera caribeña.
“El río Colorado es 100% territorio costarricense. No hay ninguna razón para permitir eso que quieren. El río está bien adentro de la frontera, cerca de isla Calero y Portillo. No tenemos que permitir la navegación de nicaraguenses oficiales ni ciudadanos, salvo que tengan visa”, sentenció Castillo.
La advertencia hecha por Ortega desde noviembre del 2010 hizo que autoridades costarricenses ordenaran una vigilancia especial en la boca del Colorado, incluso con un sistema que impedía el ingreso en horarios determinados.
Tales medidas de seguridad se cumplieron solo a medias. “No sé por qué, pero se han demorado mucho esas tareas, que son competencia del Ministerio de Seguridad”, añadió Castillo.
Sin embargo, señaló que la principal medida de precaución es la construcción de la ruta bautizada 1856, la trocha que quedó a medio camino tras detectarse una amplia corrupción en su gestión.
En medio proceso. La petición de Nicaragua la debe estudiar la Corte de La Haya y su decisión podría derivarse por tres caminos. Uno sería rechazarla. Otro sería admitirla e iniciar un caso nuevo. La tercera vía será admitirla dentro del mismo caso de isla Calero.
Esta última opción retrasaría “por años” la resolución de la demanda presentada por Costa Rica en diciembre del 2010, previó Enrique Castillo.
“Esperamos que aplique el derecho internacional. Existe un marco jurídico muy bien definido que nos permite confiar en que la Corte rechazará esta petición”, sostuvo. Los jueces internacionales carecen de un plazo límite para decidirlo.
Además del juicio por isla Calero, la Corte de La Haya conoce una demanda presentada por Nicaragua, que denuncia supuestos daños ambientales provocados en la zona fronteriza por la decisión del Gobierno de Costa Rica de construir la trocha.