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La escasez de guardaparques en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) deja sin protección a voluntarios y trabajadores de ONG ambientales.
Estos terminan vigilando sectores vulnerables de anidación o de incendios, por ejemplo, sin acompañamiento del Sinac.
Actualmente, el órgano adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) solo cuenta con unos 300 funcionarios, que tienen a su cargo la protección de unas 4.000 hectáreas, cada uno.
“Usan un arma inadecuada, no les pagan riesgo policial, ni disponibilidad, y venimos pidiendo más plazas desde 1998”, señaló el martes Roberto Molina, secretario general del sindicato del Minae, en un encuentro con el ministro de Ambiente, René Castro.
“Está bien que las organizaciones ambientales hagan convenios, pero la Sala IV, la Contraloría y la Procuraduría han dicho que el poder de imperio y protección es del Minae. Los voluntarios vienen para ayudar, pero no podemos echarlos de primero para que los masacren”, reclamó Molina.
A criterio del sindicalista, son necesarias unas 1.200 plazas para cumplir a cabalidad con la tarea que le corresponde al Sinac.
Rafael Gutiérrez, director ejecutivo del Sistema, confirmó que desde hace 15 años no se incorporan nuevos guardaparques. No obstante, sus pretensiones son más conservadoras.
“La meta sería duplicar el número de funcionarios a unos 600, para que a cada uno le correspondan 2.000 hectáreas, atendiendo denuncias y patrullando”, señaló.
Según Gutiérrez, este año ajustó el presupuesto para el pago de la disponibilidad y para invertir en armamento e infraestructura, pero compartió la preocupación por el recurso humano insuficiente.
Asimismo, reconoció que la falta de personal deja expuestos a los colaboradores de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Por su parte, Ana Lorena Guevara, viceministra de Ambiente, aseguró que es necesario crear una Policía Ambiental. “Estamos enfrentándonos a grupos que ya no solo hacen el ilícito de la tala o caza ilegal, sino que muchas veces están asociados a otros delitos ”.
“Esto requiere un trabajo conjunto. Nosotros (Minae) no podemos seguir trabajando solos, creo que tenemos que seguir trabajando muy de cerca con unidades de inteligencia de Guardacostas y Seguridad Pública. Ya lo venimos haciendo, pero hay que reforzarlo”, sostuvo la funcionaria.
Esta preocupación la compartió el guardaparques y director del Parque Nacional Chirripó, Bernal Valderramos.
“Eso (de las amenazas) es normal en este trabajo, particularmente cuando uno tiene que dar atención a delitos ambientales: de que ‘si te encuentro te voy a matar’. En Tortuguero, hay compañeros que han recibido amenazas fuertes, implicando incluso mover a la gente de ahí”, explicó.
Otros reclamos. Jorge Polimeni, de la Fundación Bandera Ecológica, reclamó el desentendimiento del Ministerio de Seguridad Pública.
“(Cuando los guardaparques tuvieron acceso a armas) la Policía asumió que ya no tenía nada que ver con zonas protegidas. Además, la póliza estatal no cubre a los guardaparques” , explicó Polimeni.
“También me tocó dar cursos en la Fuerza Pública y todo el currículum excluyó la formación en temas ambientales porque decían que eso le correspondía al Minae y viceversa”, añadió.
Al respecto, el viceministro de Seguridad, Celso Gamboa, dijo que se ha reflexionado a lo interno de la Escuela de Policías para incluir en la “malla” curricular la protección de recursos ambientales.
“La próxima semana, tenemos una sesión del Consejo Académico y se impone un tema de estos que costó una vida”, prometió.
Tras la reunión del martes, el ministro de Ambiente se comprometió a estudiar las peticiones de los ecologistas , que incluía la creación de un área silvestre protegida en Moín. Colaboró: Michelle Soto.
