Disparos al aire, pedradas contra latas, insultos y quema de ranchos son las denuncias de los indígenas contra los finqueros de Salitre de Buenos Aires, Puntarenas, en la disputa por la tenencia de tierras de esa zona.
Los nativos reclaman la impunidad de esos actos y lo ineficaz del desalojo ordenado por el Gobierno, en octubre, de un grupo de finqueros, quienes habitan ilegalmente en esa reserva.
“La tensión más bien aumentó desde octubre que el presidente (Luis Guillermo Solís) pidió el desahucio. No hay día que no escuchemos bala, nos han lanzado piedras, se burlan de nuestros hijos. Es injusto y la autoridad no hace nada”, manifestó Mariana Delgado, indígena de la zona.
Licor, vacas y dinero fueron algunos de los pagos que hicieron los finqueros, años atrás, para apropiarse de tierras que, según la Ley Indígena de 1977, solo pertenecen a los nativos.
Tensión. La Fuerza Pública de Buenos Aires confirmó que las denuncias entre vecinos de Salitre son diarias y que el pasado 25 de diciembre el fuego consumió la vivienda de la indígena Celania Figueroa, sin que aún se hayan determinado responsables.
“Los indígenas dicen que fueron unos terratenientes de esa zona, pero nosotros no podemos confirmarlo. La tensión entre ellos es de nunca acabar, unos culpan a los otros. Todavía no se ha hecho efectivo ningún desalojo”, dijo el teniente Guillermo Barquero.
En los últimos meses, cuatro familias indígenas han perdido sus ranchos por quemas que sufren, cuando dejan sus viviendas solas. Ante las amenazas de muerte e insultos, huyen a la montaña en busca de refugio.
“Somos prófugos de nuestras tierras. Este Gobierno hace las cosas por encima, hay buena fe, pero eso es insuficiente, necesitamos acciones. Nada ganamos con documentos, si en la práctica, nos siguen aplastando los derechos”, dijo Marino Delgado, indígena bribri de Salitre.
Los finqueros alegan que su reacción es “la forma de defenderse” contra el deseo de los indígenas de expulsarlos de la reserva de Salitre.
“Aunque ellos me desconozcan como indígena, yo también lo soy y tengo derecho sobre estas tierras. Aquí quieren responsabilizar a los finqueros de todas las desgracias y eso es injusto. Ellos traen trabajo a la zona y si reaccionan así, es por la violencia de un grupo pequeño de indígenas. Los humillados más bien somos nosotros”, afirmó Dora Ortiz, vecina de Salitre.
Thais Vidal coincide con Ortiz, en que lucharán por mantenerse en las fincas de la reserva de Salitre.
“El terreno no mide ni media hectárea y allí no opera ningún finquero. La finca es mía, toda la vida he vivido aquí y me dedico a actividades agrícolas, solo que quieren sacarme de forma injusta”, expresó Vidal.
Desprotegidos. Los indígenas Santos Figueroa y Camelia Morales, de las comunidades Las Rosas y Puente de Salitre, respectivamente, comentaron que pese a que denuncian las amenazas de los finqueros, no han recibido apoyo de la Fuerza Pública.
Dos solicitudes de auxilio policial presentadas por los indígenas a la delegación policial de Buenos Aires fueron rechazadas, alegando de que se trata de una disputa entre indígenas.
“No le corresponde a la delegación de Policía dirimir el conflicto de tierras en Salitre (...) No es su competencia resolver conflictos de tierras que requieren estudios técnicos, análisis de legalidad. Son las asociaciones de desarrollo y otros órganos del Estado los que están facultados”, señala la resolución 009-D14-PBA del Ministerio Público.
La defensora de los Habitantes, Montserrat Solano dirigió un informe al Ministerio de la Presidencia, en el que señala la desprotección del Gobierno hacia las familias indígenas de Salitre.
“Hay tres fincas ocupadas por personas no indígenas, que han colocado peones armados y que obligan a las familias indígenas a huir y en algunos casos sin que puedan recuperar sus bienes materiales”, denunció la defensora, el 6 de diciembre.
Solano señaló el incumplimiento de los compromisos que adquirió el Gobierno, en julio de este año, de mantener presencia policial en la reserva indígena y de iniciar un censo de propiedades. Esa acción ha estado a cargo de la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga.
El conflicto entre indígenas y los finqueros se inició en enero del 2013, cuando una turba de hacendados sacó a nativos de sus viviendas.
“Nos han marcado como ganado, lanzan piedras, cierran caminos, amenazan a los estudiantes cuando van hacia el liceo. Estamos cansados de que esto sea historia vieja sin que nadie ayude. Los ranchos no se queman solos”, añadió Marino Delgado.
El Censo Nacional del 2011 registra que en el país hay 104.143 indígenas, pero en sus territorios queda menos de la mitad: solo 35.943.
Salitre comprende 12.700 hectáreas y los indígenas han recuperado el 75% de sus fincas, es decir 9.525 hectáreas.