La Procuraduría General de la República (PGR) teme que el Estado no pueda ejecutar el cobro total de los daños ambientales ocasionados por la mina Crucitas, en Cutris de San Carlos.
Susana Fallas, procuradora de Derecho Agrario y Ambiental, explicó que el depósito de garantía dado por la empresa canadiense Infinito Gold en el 2007 sería el único resguardo que tiene la Administración para asegurarse el pago.
No obstante, ese fondo es de apenas $600.000 y la cuantificación del deterioro ambiental oscila entre $6,4 millones y $10 millones, según peritajes realizados por la parte demandante.
El monto final será definido por el Tribunal Contencioso- Administrativo.
“En la sentencia, se condena tanto al Estado, al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y a Industrias Infinito. No es como se ha dicho, que solo Industrias Infinito tiene que pagar”, manifestó Fallas.
Infinito invirtió en la mina Crucitas, en Cutris de San Carlos.
En caso de que la compañía no asuma su parte, la Administración tendría que cubrir ese porcentaje.
De acuerdo con la procuradora, hasta ahora los jueces no han decidido embargar bienes de Industrias Infinito en el país.
Dudas. La PGR, como abogado del Estado, cuestionó, el lunes anterior, ante el Tribunal Contencioso la metodología aplicada en los peritajes y los montos establecidos.
Por ejemplo, en un primer informe, la evaluación determinó que se cortaron 4.265 árboles y luego dijeron que eran 4.905.
Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Conservacionista de Costa Rica (Fecon), afirmó que están sorprendidos por los cuestionamientos de la Procuraduría.
“Parece que hay un interés por bajar el monto de la indemnización que debe pagar Industrias Infinito por los daños ambientales”, manifestó.
La Nación trató de conocer la posición de Industrias Infinito, pero su representante legal, Ciro Casas, no contestó su teléfono celular.
