El aumento de personas pensionadas en el país y el pago de esas jubilaciones son el reto más grande –junto con la atención en salud– que tiene el país desde ya y por las próximas décadas.
Luis Rosero, investigador del Centro Centroamericano de Población, advierte que si el país no hace cambios en el corto plazo para refinanciar las pensiones, a futuro las medidas deberán ser más drásticas.
Uno de esos señalamientos está plasmado en el documento Retos y oportunidades del cambio demográfico para la política fiscal , de Rosero, en el cual se indica que el gasto en pensiones, que actualmente ronda el 5% del Producto Interno Bruno (PIB), aumentaría a 8% en 2030 y casi 12% en 2060, “lo que constituye una tendencia muy problemática”.
El tema es pertinente si se toma en cuenta que en los últimos dos años la Superintendencia de Pensiones (Supén) ha cuestionado la sostenibilidad financiera del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social.
Édgar Robles, superintendente, explica que ese “antibono” demográfico que se avecina –cuando más gente demandará pensiones y habrá menos cotizantes– “es la materización de un problema que ya conocíamos y el intento (de la Caja) ha sido ocultar algo que es imposible de dejar pasar”.
Los señalamientos de la Supén muestran que el IVM ya está comenzando a utilizar dinero de su reserva para el pago de pensiones, algo que la Caja ha rebatido.
Rosero señala que el país podría comenzar por eliminar las pensiones “juveniles”, que son aquellas que se dan incluso antes de los 60 años. Esto también lo ha señalado el superintendente.
Según el Estado de la Región, la población mayor de 65 años es actualmente la que más aumenta.