Proteger los bienes de su pareja y tomar decisiones médicas en caso de que el otro no pueda, son parte de las garantías adquiridas con el reconocimiento de la primera unión de hecho entre homosexuales en Costa Rica.
La sentencia tuvo lugar en el Juzgado de Familia de Goicoechea y reconoce la convivencia entre Cristian Zamora y Gerald Castro, quienes abrieron el proceso legal en el 2013.
La Nación se comunicó con Zamora, pero él rechazó dar declaraciones a este medio.
“El caso surgió debido a que ellos no pudieron acceder a un crédito como pareja. Hubo discriminación y desde entonces se inició con esta lucha, que hoy concluye con el reconocimiento de garantías patrimoniales y en salud”, manifestó Luis Álvarez, defensor de la pareja.
El fallo del juzgado de Goicoechea lo firmó el juez Carlos Manuel Sánchez y solo beneficia a esta pareja; es decir, los casos pendientes por resolver dependen de cada juez.
“La unión de hecho implica reconocer garantías patrimoniales de la pareja. Al tratarse de un caso particular y no de un fallo constitucional ni de una ley que apruebe las uniones de hecho, la pareja es la única que se beneficia con este fallo”, afirmó Vilma Alpízar, abogada y catedrática en Derecho de Familia.
Cambios. El caso llegó al Juzgado de Familia en el 2013, luego de que el 1.° de julio de ese año, 45 diputados aprobaron una reforma a la Ley General de la Persona Joven. En el inciso 4 de esa normativa, se incluyó un texto que reconoce las uniones de hecho “sin discriminación contraria a la dignidad humana”.
José María Villalta, exlegislador del Frente Amplio e impulsor de esa reforma, celebró la decisión del juzgado como un paso en el cumplimiento de los derechos humanos para las personas homosexuales.
“Es un hito histórico, en el que Costa Rica da un paso en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas sexualmente diversas. Con la reforma del 2013, nuestra intención era promover ese cambio y dejar claro que es un derecho de toda persona, el reconocimiento de las garantías derivadas de las uniones de hecho”, dijo.
En el 2013, la modificación desató polémica, pues ni juristas ni diputados estaban claros de si esa reforma abría el portillo para el reconocimiento de uniones entre personas del mismo sexo. El tema quedó en manos de los juzgados de familia.
La decisión del juzgado despertó la oposición de sectores de la Iglesia católica y de diputados del bloque cristiano que rechazan la decisión de esa instancia.
“Una unión de hecho no debería tener los mismos derechos que un matrimonio tradicional. Estoy de acuerdo en que las personas con esta inclinación especial tengan derechos como cualquier ciudadano, pero nunca se puede decir que son semejantes o iguales a un matrimonio normal, natural, que existe en Costa Rica, entre hombre y mujer”, enfatizó monseñor José Francisco Ulloa.
Diputados del bloque cristiano de la Asamblea Legislativa evalúan si la sentencia riñe con alguno de los artículos del Código de Familia.
“Las leyes se hacen en la Asamblea Legislativa. El proyecto de uniones de hecho no se ha aprobado. De alguna forma, creo que los grupos se desesperan y toman cualquier opción para hacer valer sus derechos. La única relación legítima en Costa Rica es entre heterosexuales”, manifestó Abelino Esquivel, diputado de Renovación Costarricense.
El defensor de la pareja, Luis Álvarez, dijo que al ser un asunto de familia, la apelación debe venir de las partes involucradas.
“No considero válido que algún tercero quiera apelar, debido a que no están legitimados”, concluyó el abogado Álvarez.