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La ministra de Planificación y Política Económica (Mideplan), Olga Marta Sánchez, les propuso a los diputados la creación de una comisión mixta para impulsar reformas legales para la disminución de la carga salarial del sector público en el Estado.
En el apartado de "La Hoja de Ruta" de su presentación ante los legisladores, esta tarde en el plenario de la Asamblea Legislativa, Sánchez incluyó entre las acciones para contrarrestar el impacto del empleo público en el déficit fiscal "abrir el estudio y debate, con actores diversos de la sociedad costarricense, sobre las realidades de los sistemas de remuneraciones".
La reacción de los congresistas fue de enojo ante la propuesta de crear un foro sin que el Gobierno pueda poner en claro proyectos de ley específicos para que se discutan de una vez en el Congreso, sobre los incentivos salariales que hoy engrosan el gasto estatal en salarios.
Según Sánchez, esa comisión serviría para "generar propuestas alternativas concertadas que permitan avanzar en materia de homologación y equidad de las condiciones laborales de los trabajadores del sector público".
De acuerdo con la propuesta, ese órgano trabajaría entre el 2015 y el 2016 para que se ejecuten en unos dos años, en el mediano plazo, "sobre sistemas de remuneraciones tendiente a reducir las brechas y disparidades actualmente existentes al seno del sector público".
La ministra Sánchez fue quien propuso asistir al plenario legislativo para presentarles a los diputados el documento "Gestión del empleo y remuneraciones en el sector público", lo cual fue alabado por el liberacionista Rolando González, quien por otra parte la criticó por no llevar propuestas de reformas claras.
De igual forma, los jefes del Frente Amplio, Gerardo Vargas, y del Movimiento Libertario, Gerardo Vargas, criticaron que la jerarca de Planificación centre el eje del plan de acción en hacer una comisión entre parlamentarios y "diversos actores" de la sociedad costarricense.
Guevara enfatizó que Olga Marta Sánchez conoce los proyectos de ley libertario y liberacionista (de la diputada Sandra Piszk) para poner tope a las anualidades y definir un salario único.
Sin embargo, el frenteamplista Vargas planteó que la situación de los salarios de los funcionarios no debe cambiar, salvo en el caso de los "salarios de lujo", como los de gerentes de banco y jerarcas de otras instituciones, que son millonarios.
Dentro del plan de acción presentado por la ministra está también la reducción del "gasto superfluo" en horas extra, viáticos, uso de teléfono, alimentos, bebidas y otros.
"Ya se opera así en el 2015 y se presupuesta la misma ruta para el 2016", dijo la jerarca.
Añadió las iniciativas de ley que ya había presentado el Gobierno para poner tope a las pensiones de lujo con cargo al Presupuesto Nacioinal y otros para poner freno a los salarios de la administración pública (expedientes 19.661, 19.193 y 19.156).
De igual forma habló sobre la denuncia y renegociación de las convenciones colectivas "que establezcan privilegios abusivos".
