Contratación de familiares, pagos indebidos de dietas y hasta condenación especial de deudas por parte de los actuales funcionarios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), fueron algunos de los hallazgos dados a conocer este jueves por la recién conformada junta interventora.
Fue en agosto pasado cuando el Gobierno ordenó la intervención de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) debido a la falta de ejecución (gasto) de sus recursos económicos. El documento de este jueves se enlista como la primera rendición de cuentas por parte de la junta interventora.
En primera instancia, los representantes de la junta no sustitutiva alertan que existe evidencia de que funcionarios de Judesur sustrajeron expedientes y equipos de cómputo de las oficinas de Judesur, y que pese a solicitar ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción que autorizaran un allanamiento, este fue negado.
Judesur es la entidad encargada de administrar los fondos del impuesto único que se cobra por la venta de productos en el Depósito Libre Comercial de Golfito. (Archivo)
Además, alegan que solo la Municipalidad de Osa ha colaborado en el proceso a pesar de que el "propio presidente, Luis Guillermo Solís, envió oficio a los entes representantes de la Junta Directiva de Judesur para que dieran explicaciones sobre los cuestionamientos señalados por la Junta de Intervención Parcial".
Más resultados. Otro de los hallazgos recopilados en el documento de la junta parcial reseñan el avance de un pago indebido de dietas por un monto de ¢2,8 millones, de 14 sesiones no realizadas del año 2011 al 2013, "lo que contraviene las disposiciones de la Procuraduría General de la República".
A ello, aunan deudas de directivos, por ¢3 millones a Judesur, de los cuales se autorizaron arreglos de pago individuales por ¢10.000 colones mensuales, sin intereses.
Por otra parte, la junta interventora aseguró que existen contrataciones por parte de los actuales trabajadores de Judesur en beneficio de sus familiares (esposos, madres, tíos) por sumas que superan los ¢50 millones.
A su vez, la junta temporal alega que se ha constatado que ¢5.000 millones del programa de becas para estudios universitarios o superiores fueron entregados con garantías insuficientes y sin tomar en cuenta a las familias más pobres.
Antecedente. El Poder Ejecutivo ordenó el 19 de agosto anteror intervenir la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) debido a subejecuciones presupuestarias desde el 2007.
En su momento, el viceministro de Hacienda José Francisco Pacheco, dijo que para el periodo entre el 2007 y el 2013 se subejecutó el 43% del presupuesto, porcentaje que equivale a ¢30.421 millones.
La junta interventora está integrada por Eliécer Vega, del Ministerio de Hacienda; María José Zamora y Gílberth Fallas, del Ministerio de Planificación, y María Isabel Bonilla, del Ministerio de la Presidencia.
