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Si la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) incumple alguno de los contratos viales con el Estado, no se podría iniciar un proceso judicial en su contra porque goza de inmunidad.
Tal condición de UNOPS, responsable de erigir aquí dos puentes y tres pasos a desnivel, está fundamentada en la Carta de las Naciones Unidas, ratificada por Costa Rica desde 1945.
Dicho instrumento establece que las instalaciones de cualquier ente perteneciente a las Naciones Unidas son inviolables, sus bienes o activos no pueden ser sometidos a allanamientos o “cualquier otro forma de injerencia, sea por acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa”.
También tienen derecho de declarar sus archivos confidenciales o inviolables y sus funcionarios gozarán de inmunidad "contra todo proceso judicial" relacionado a sus obligaciones oficiales en el país.
Los privilegios fueron enfatizados por la Secretaría General Adjunta de Asuntos Jurídicos en una nota enviada, en junio de 2013, a Eduardo Ulibarri, entonces embajador de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En ese momento, el Poder Ejecutivo exploraba la posibilidad de contratar a UNOPS para administrar varias obras de infraestructura.
En la actualidad, UNOPS mantiene contratos estatales por $134 millones para diferentes obras en el país, entre los más importantes están dos acuerdos por un monto total de $5,4 millones para la administración de la construcción de los nuevos puentes sobre el río Virilla en la radial Santa Ana-Lindora y la ruta 32, en Tibás, y la gestión de tres pasos a desnivel en Circunvalación.
Adicional a esa suma, el Estado tiene reservados $22 millones para la construcción de los puentes y $62 millones para los viaductos.
De los proyectos mencionados, solo la ampliación de la estructura en Lindora se ha iniciado. El resto permanece estancado en procesos de expropiación y adjudicación y los acuerdos vencen entre abril de 2018 y noviembre de 2019.
Aparte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), también el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), la Casa Presidencial y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) tienen contratos con UNOPS.
Xiomara Luna, asesora legal del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), explicó que en caso de conflictos contractuales con la agencia, estos deberán resolverse por medio de un arbitraje internacional.
Ls reglas de ese arbitraje se basarían en la Ley sobre Arbitraje Comercial, la cual se basa en el modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, dijo el Departamento de Comunicación de UNOPS en Costa Rica.
"Ellos (UNOPS) tiene la protección de las Naciones Unidas y gozan de algunas condiciones de inmunidad y sé que hay gente que eso les molesta, eso a nosotros no nos genera una afectación directa porque los procesos que se desarrollan con ellos están amparados a la legalidad del país.
"En el caso de que UNOPS nos quedara mal, lo que haríamos es retirarle los fondos que se le están asignando, recogemos los productos que están terminados y ya", afirmó Guiselle Alfaro, viceministra de Infraestructura.
Ricardo Castro, miembro de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), estimó que esta situación deja al Estado en indefensión en caso de irregularidades, pues, no está claro quién es el responsable.
En su criterio, se usa la figura de UNOPS para ocultar la inoperancia del MOPT y del Conavi.
Para Jean-Francois Laurent, gerente de UNOPS aquí, si los contratos llegaran a sus fechas de vencimiento sin que las obras se hayan concluido, deberán negociarse prórrogas y determinar quién es el responsable de los atrasos y definir las condiciones y costos de una extensión contractual.
Evitan dar fechas
Aunque inicialmente la agencia se aventuró a dar plazos para iniciar las obras pendientes, ahora Jean-Francois Laurent se abstiene de hacerlo. De esta forma, no hay fechas para la construcción de los pasos a desnivel en las rotondas de la Bandera, Garantías Sociales y la intersección de Guadalupe.
El funcionario internacional también evitó señalar el día para el banderazo de salida de la ampliación del puente sobre el río Virilla en la ruta 32, en Tibás.
En junio de 2015, UNOPS prometió comenzar los trabajos en Circunvalación entre enero y marzo de 2016. Sin embargo, ninguna de las obras ha comenzado. Tampoco se han adjudicado a alguna constructora.
Meses atrás, la organización pidió perdón por las postergaciones y los incumplimientos.
"Estamos aquí para que las cosas avancen y hacemos el máximo esfuerzo para avanzar rápido con las variables que tenemos en el ambiente", comentó Laurent.
El panorama es que el paso a desnivel en la rotonda de las Garantías Sociales y las mejoras en el puente de la ruta 32 inicie este año. Mientras que los viaductos en La Bandera y la intersección hacia Guadalupe comiencen el próximo.
En varias oportunidades, el MOPT ha asegurado que las demoras en los proyectos asignados a UNOPS se deben a la lentitud en los procesos de expropiación.
De los $5,4 millones presupuestados para los servicios de UNOPS, se han cancelado, hasta ahora, $1,4 millones.
La Nación ha solicitado, en varias ocasiones, el desglose de los pagos recibidos, pero la entidad se niega a darlos.
Licitación para Casa Presidencial
Casa Presidencial le asignó a UNOPS $1 millón no reembolsable proveniente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para proyectos de divulgación, monitoreo y procesos de diálogo con comunidades indígenas, entre otros.
Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario, denunció que el Gobierno acude a este mecanismo de intermediación para evadir controles públicos.
Según el legislador, desde enero se tramita una licitación para tres microcampañas de comunicación para Casa Presidencial sin que se conozca detalle del proceso y los criterios de selección de las empresas.
"Me parece una barbaridad que Casa Presidencial esté usando a UNOPS para brincarse los procesos de la Ley de Contratación Administrativa", expresó el legislador.
En enero, el proceso de licitación inicial se declaró desierto porque las ofertas no cumplían los requisitos. Por esta razón, se fijo el 27 de abril como la nueva fecha para la apertura de ofertas.
Ivette Sánchez, vocera de Ingeniosos Grupo Estratégico, uno de los oferentes, criticó que a la hora de conocer el cartel de licitación no hay detalles sobre los criterios de evaluación ni suficiente información para presentar una oferta adecuada.
Casa Presidencial informó de que el cartel de licitación se publicó el 6 de abril y la apertura de ofertas fue el 27 de abril. Se recibió una propuesta de la agencia de publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) por $111.000 y otra por $161.000 del Consorcio Comunicación Internacional.
Las campañas de comunicación se centrarán en divulgar proyectos relacionados con acceso a información pública, necesidad de nuevos impuestos e implementación de la Ley de Bienestar Animal.
