Si en su camino alguna vez se topó con Adriana, es posible que no lo haya notado.
Después de todo, son muchos quienes, ante la presencia de una indigente, evitan distinguirla de los trapos y cartones en los que se encuentra acurrucada. Otra posibilidad es que asumiera que se encontraba ahí por falta de voluntad para superarse.
Adriana tenía 28 años, dos hijos y una enfermedad mental. Sus papás, alcohólicos, fallecieron cuando era niña, y le legaron la misma adicción.
Ella, lejos de ser un caso aislado, encarnó una historia que se repite en las vidas de cada vez más mujeres y personas jóvenes.
Esa es la percepción de Kattia Herrera, quien durante 23 años se ha dedicado a escuchar y atender a los habitantes de la calle.
“Cuando empezamos a trabajar, nos preguntaban por qué no atendíamos mujeres. Y no era eso, es que había pocas. Con el paso de los años vemos cada vez más adultos mayores, pero también mujeres y jóvenes”, explicó.
Su visión coincide con la de otros voluntarios que atienden a esta población.
“He podido ir viendo una verdadera metamorfosis: de el indigente tradicional viejito, sin bañarse y con una pachita de guaro, al indigente joven, drogado, alcohólico y delincuente, que aparenta que puede trabajar, pero es incapaz de cambiar por sí mismo su realidad”, expresó Juan José Vargas, fundador de La Puerta Abierta, un refugio que ha ayudado a unas 1.800 personas.
Él atribuye ese cambio a la diversificación en la oferta de drogas: marihuana, cocaína y crack.
Las mujeres, en muchos casos, salen de sus casas por fracturas y pleitos familiares, agrega Herrera. En las calles se convierten en víctimas de todas las formas posibles de violencia.
Alba Céspedes lo vivió en carne propia a lo largo de décadas en la calle. Las cicatrices que el fuego dejó en su cara y cuello no la dejan olvidar.
Sin estudios. Juan José Vargas estima que en la capital hay unos 3.500 hombres y mujeres sin hogar y unos 4.000 más en el resto del país. Se acomodan solos o en grupos en las aceras, lotes baldíos, edificios abandonados y en cualquier rincón donde quepa un cartón y, en ocasiones, hasta un perro, como única compañía.
Algunos días son menos malos que otros. Los martes en la noche, por ejemplo, colaboradores de la iglesia de la Merced les proporcionan una cena caliente.
Al escuchar que termina la misa de 6 p. m., cientos de personas hacen fila, escuchan la oración de las monjas y se sientan a comer, para después ir a buscar un lugar donde pasar la noche.
Todo estos voluntarios y varias organizaciones sin fines de lucro son los que conocen mejor a las personas sin hogar.
El único acercamiento de una entidad pública fue el recuento que hizo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el 2011, cuando entrevistó a todos los indigentes que encontró en albergues y comedores. Se contaron apenas 631 en todo el país.
Omisión. Adriana falleció el Domingo de Ramos, 30 minutos después de que una ambulancia la llevara en condición crítica al Hospital de Alajuela.
Kattia Herrera, quien intentó ayudarla, responsabilizó de su muerte al sistema de salud pública, que en repetidas ocasiones le negó la atención psiquiátrica que le habría dado una oportunidad.
En palabras de Vargas, acceder a la atención médica es un “calvario” para los indigentes, mucho más que cualquier otro asegurado. Es usual que en hospitales y Ebáis los rechacen, al no contar con seguro y, en muchas ocasiones, ni siquiera cédula.
“No se asume que ellos tienen el derecho a la salud”, aseguró Herrera.
Quienes logran ser atendidos, regresan a las calles y se vuelven a enfermar. Tal situación la vivió Francisco Hernández, de 52 años, cuando se acercó a un centro médico, en diciembre del año pasado, porque no soportaba seguir vomitando sangre.
Después de unas 14 horas de realizarle exámenes, fue dado de alta, sin intervención.
“Quisieron operarme. Luego dijeron que no y me enviaron a la casa, pero yo no tengo casa”, contó el hombre en aquella ocasión.
La Nación consultó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cuál es procedimiento que se sigue cuando un indigente solicita atención; sin embargo, al momento de esta publicación, no se había obtenido respuesta.
La directora del Hogar El Buen Samaritano, en Alajuela, cree que la falta de una política pública de atención para los habitantes de la calle es grave porque, además de adicciones, un alto porcentaje padece enfermedades crónicas o trastornos mentales.
En algunos casos, males de ambos tipos se combinan. El hogar alajuelense atendió en una ocasión a un hombre sin vicios, pero imposibilitado de salir de las calles debido a la esquizofrenia y ceguera que lo aquejaban.
Promesa. Mientras tanto, el Gobierno ofrece tener este año una política sobre la indigencia.
“La propuesta es muy amplia; por ahora, llevamos un documento de unas 100 páginas. Lo que nos falta pulir es la parte de cómo se financiaría”, explicó Ana Helena Chacón, segunda vicepresidenta de la República.
Según dijo, se obligaría a los centros de salud a atender a los menestorosos que requieran intervención. El costo de los procedimientos y las medicinas se cargaría al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.
La esperanza de Herrera es que el proyecto del Gobierno, en conjunto con medidas preventivas de las familias, ayude a evitar la muerte de otras Adrianas.
Fotografías de Rafael Pacheco y José Díaz.