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En noviembre del 2014, la Asamblea Legislativa le aprobó al Gobierno un préstamo internacional de $450 millones (casi ¢250.000 millones) con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar nueve grandes obras de infraestructura.
En junio del 2016, un año y siete meses después, el Gobierno registra un 0% de ejecución en estos proyectos que implican la ampliación o reconstrucción de seis carreteras, así como la construcción de dos pasos elevados en la entrada de Cartago (uno en Taras y otro en La Lima), un rompeolas en el puerto de Caldera y tres muelles para ferries en el Golfo de Nicoya (en Puntarenas, Paquera y playa Naranjo).
No se ha movido una pala, por ejemplo, para la ampliación de dos a cuatro carriles de un tramo de 50 kilómetros en la carretera Interamericana norte, comprendido entre Barranca de Puntarenas y Limonal de Abangares, sección que se convierte en un cuello de botella para quienes viajan a Guanacaste en días de alto tránsito. Esta es la obra más costosa, con un precio de casi $200 millones.
"Cero por ciento de ejecución", advirtió la contralora general, Marta Acosta, sobre el estado de esta Programa de Infraestructura de Transportes (PIT), como le denominó el Gobierno al crédito del BID.
Según la contralora general, el atraso obedece a la lentitud del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en el cumplimiento de las condiciones previas para el desembolso del dinero: la creación de una unidad ejecutora del crédito (la cual se concretó en marzo del 2016) y el establecimiento de un fideicomiso de administración, lo que aún está en proceso.
"El MOPT no ha logrado cumplir con las condiciones previas establecidas en el crédito. En general, para este tipo de créditos, se tarda en promedio ocho meses en eso", explicó Acosta en una cita con La Nación, en su oficina del piso 14 de la Contraloría.
En ocasiones, el cumplimiento de condiciones le toma al Ministerio hasta dos años; en otros casos, le demanda cuatro meses, agregó la contralora.
La lista de obras en espera la completan la reconstrucción de la vía entre Limonal y Cañas, también en la Interamericana norte; la construcción de la sección norte de la nueva carretera a San Carlos, entre Florencia y Ciudad Quesada; la reconstrucción de la carretera entre Birmania de Upala y La Cruz de Guanacaste; y la rehabilitación de las rutas Palmar Norte-Paso Canoas y Playa Naranjo-Paquera.
La Contraloría General de la República (CGR) reveló el estado de este préstamo cuando presentó la liquidación del Presupuesto Nacional del 2015 ante los diputados de la Comisión para el Control del Ingreso y del Gasto Público, a finales de mayo.
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta, se mostró extrañado de que la Contraloría le señale la nula ejecución, pues afirmó que es "lo normal".
"No es lentitud, son condiciones previas, hay que cumplirlas para tener el desembolso de los recursos, condiciones que uno no se inventa, sino que están impuestas", aseguró el jerarca.
No obstante, la contralora sostiene que el Gobierno debe tener más cuidado al definir la viabilidad o factibilidad de cumplimiento de las condiciones previas de los préstamos, a la hora de pactar plazos de ejecución.
De hecho, Acosta informó de que ya el MOPT pidió dos prórrogas para tener listas las condiciones previas en este proyecto. Añadió que hay un atraso de cuatro meses en el inicio de la ejecución que, si bien se podría recuperar en el transcurso la obra, también podría implicar atrasos al final de cuentas.
Aunque el préstamo se paga a un plazo de 25 años, el plazo para la ejecución del financiamiento es de seis años a partir de la aprobación en el Congreso. O sea, se vence en noviembre del 2020, pero ya ha pasado un año y medio de vigencia sin avance.
Pagos hechos.
A pesar de que la nula ejecución de este préstamo de 25 años, en el 2015 el Gobierno pagó $1,5 millones por comisiones de compromiso establecidas en el contrato del crédito, dijo la contralora. Por su lado, el ministro Villalta negó que se haya pagado, pues adujo que están aún en el periodo de gracia.
La Contraloría sostiene lo dicho y enfatizó que esta mala práctica es usual pues en diez años, entre el 2005 y el 2015, el Estado pagó $20 millones en comisiones por obras no iniciadas en todos los créditos firmados por el país.
Solo en el 2015, se pagaron $5 millones por esas comisiones, un cuarto de lo pagado en una década. Y $1,5 millones corresponden al crédito del BID.
Acosta indicó que las comisiones de compromiso siempre se pagan, pero que "siempre hay una porción de ese monto que, si no se va ejecutando de manera adecuada, va a ser un costo de más" que se asume innecesariamente.
El ministro de Obras Públicas rebatió: "Pero vea, yo no entiendo en este país este tipo de situaciones. O sea, no estamos haciendo nada diferente a ningún programa de préstamos que hay en el país. Hay que cumplir con las condiciones previas, es con lo que hemos estado".
Aún más, declaró: "Si lo que me quieren decir es que en el Ministerio somos unos inútiles, tendrían que demostrarlo. No estamos haciendo nada diferente que no exista en los programas de préstamo".
Villalta aseguró que ya existen varios de los diseños de las obras, en particular para las rutas Cañas-Limonal y parte de Limonal-Barranca; además, sostuvo que "están por concluirse" los de las carreteras entre Playa Naranjo-Paquera, Palmar Norte-Paso Canoas, los pasos a desnivel en Cartago y la vía entre Birmania y La Cruz, al menos en parte.
Para agosto, se iniciaría con las licitaciones para contratar los constructores de dichas obras de infraestructura, adujo nuevamente el ministro Villalta.
Del total del financiamiento del Programa de Infraestructura de Transportes, $400 millones provienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y $50 millones del Fondo de Cofinanciamiento Chino para América Latina y el Caribe.
El crédito internacional, que se tramitó en la primera Comisión de Hacendarios del actual periodo legislativo, bajo la presidencia del diputado oficialista Ottón Solís, es una herencia de la administración de Laura Chinchilla (2010-2014).
"Aquí uno ve más allá de esto, hay temas más profundos relacionados con la ausencia de estándares del país para la gestión de los proyectos de inversión", comentó la jerarca de la CGR, en particular por la falta de un Plan Nacional de Inversiones que no encuentra ni en la administración de Luis Guillermo Solís, ni en las de Chinchilla u Óscar Arias (2006-2010).
Soluciones.
Para la contralora Acosta, el atraso en la ejecución de este préstamo solo es un síntoma más de los problemas que tiene el Gobierno central ante la falta de un Plan Nacional de Inversiones.
Según Acosta, la Asamblea Legislativa ni siquiera debería aprobar un empréstito que no se haya planteado dentro de ese plan nacional.
Otras de las soluciones que propone la contralora son:
-Fijar un plazo de aprobación de leyes sobre créditos en el Congreso
-Emitir una directriz desde el Poder Ejecutivo para establecer los estándares de gestión de los proyectos de inversión, para que los jerarcas asuman la responsabilidad del concepto, planificación, ejecución y control
-Llamar a comparecer ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público a los jerarcas de entidades beneficiarias que no avanzan en la ejecución de créditos
-Incrementar el monitoreo de las unidades ejecutoras, desde la Unidad de Crédito Público del Ministerio de Hacienda
-Crear un sistema público de control de los proyectos financiados con préstamos internacionales, para que la ciudadanía conozca el avance
-Mejorar la planificación de los procedimientos de contratación de los proyectos, que ya se hacen con una Ley de Contratación Administrativa ampliamente conocida en los ministerios
