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Los diputados de la Comisión Especial de Pensiones quedaron alarmados ante las revelaciones de los actuarios de la UCR sobre el Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, por lo que están analizando meter el bisturí a ese sistema jubilatorio de una vez, sin esperar a que los expertos emitan sus recomendaciones.
De hecho, el mismo día que los actuarios presentaron el informe, la liberacionista Sandra Piszk dijo que deberían empezar a construir una propuesta legal y el presidente de ese foro, mientras que el socialcristiano Johnny Leiva anunció que, para finales de marzo, empezarán con el trámite de las mociones.
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La revelación de los expertos del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica que más alarmó a los parlamentarios es la del hueco de ¢5,3 billones en el régimen jubilatorio, si se mantienen las condiciones actuales de cotización.
El único plan alternativo que por ahora han tomado en cuenta los actuarios es la iniciativa legal que enviaron al Congreso las organizaciones gremiales del Poder Judicial, y cuyas medidas de recorte solo generarían un ahorro de aproximadamente ¢1 billón, o sea que el déficit sería de ¢4 millones de millones.
Los experos aún tienen pendiente analizar la propuesta de los magistrados, que para Piszk no vendría tampoco a solucionar nada, pues está segura de que con ese texto el ahorro "sería menor".
El problema principal del hueco financiero es, según lo enfatizaron Ottón Solís y Franklin Corella, del Partido Acción Ciudadana (PAC), que los salarios de los empleados judiciales se pagan directamente con el Presupuesto Nacional de la República, que a la vez se nutre de los impuestos de todos los costarricenses.
"Hay una amenaza a las finanzas públicas enorme, porque de acuerdo con la normativa legal, todo faltante en el Poder Judicial, si no se cambian las condiciones, tiene que cubrirse con el Presupuesto. El erario público tiene que cubrir eso, es un problema nacional seriesísimo. Es un sistema solidario y el resto del país tendría que pagar por esos excesos", comentó Solís.
Corella aseguró que los magistrados podrían empezar por devolverse en el acuerdo que les permitió aumentar los años de cesantía de ocho a 12. "Lo que arrojan esos datos es dramático, si en cuatro años aumentó el déficit en ¢3 billones, significa que el hueco se hace cada vez más grande", dijo el oficialista.
A diferencia de Piszk y Leiva, Corella cree que no vale la pena aplicar un parche, poner un placebo, sino que deberían esperar las recomendaciones de los actuarios universitarios, antes de tomar cualquier decisión superficial y pasajera. "Habría que buscar una forma de ver cómo solucionar la situación y francamente yo no la sé...", reconoció.
En un escenario supuesto, los actuarios afirmaron que para financiar las pensiones de los actuales beneficiarios del régimen, los empleados activos tendrían que cotizar casi la mitad de su salario (48,9%), mientras que actualmente su aporte es del 26,6% (11% empleado + 14,36% patrono + 1,24% Estado).
Esto de todas maneras significa que los aportes salen del bolsillo de los ciudadanos, pues tanto aporte del empleado, como el del patrono, que es el Poder Judicial, como el del Estado vienen de la misma fuente: el Presupuesto.
El déficit que calculan los actuarios, cuyo estudio se basa en proyecciones a cien años, es un 60% del plan de gastos del Gobierno central para el 2017.
El peor escenario
Por lo pronto, los diputados tuvieron ante sus ojos el peor escenario posible, que según la diputada Piszk era de esperar, pero le parece "aún peor" de lo que habían esperado.
"Si con el plan de los gremios se puede ahorrar apenas un 25% del déficit, es evidente que con la propuesta de la Corte sería menor el ahorro. Aunque habíamos acordado no hacer ninguna propuesta aún, estoy valorando la posibilidad de hacerlo, y no esperar a mediados de año (cuando los actuarios hacen su recomendación)", dijo la legisladora del PLN.
Ottón Solís cree que deben hacerse ajustes en el cálculo de la pensión y "salir de ese absurdo de los últimos 24 mejores salarios", así poner topes para que los excesos no se conviertan en realidad y que el Poder Judicial "abandone su convicción de que pertenece a un país petrolero". Hoy, en la Corte se otorgan pensiones hasta de 9 millones de colones.
El presidente de la Comisión Especial de Pensiones, Johnny Leiva, se mantiene en la idea de tramitar las mociones al proyecto de ley 19.922 a finales de marzo y emitir un dictamen a más tardar el 5 de abril.
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"El problema en ese régimen es grande, es profundo, es un problema que se debe analizar con mucha seriedad, porque según los datos recibidos es grande. (...) No podemos seguir esperando que la UCR termine. Vamos a trabajar con la información que ya tenemos, vamos a tener apoyo técnico de la Asamblea, de la Superintendencia de Pensiones y vamos a pedir ayuda a la gente de la UCR", dijo el socialcristiano.
El problema es que ya los actuarios de la Universidad se rehusaron a formar parte de la Comisión, porque aún están trabajando en el convenio firmado con el Poder Judicial y prefieren mantenerse alejados de las decisiones políticas.
"Tendremos que resolver con la gente y el apoyo técnico que encontremos", respondió Leiva. "Hay que meterle el bisturí duro al Régimen de Pensiones del Poder Judicial, porque tarde o temprano eso le afecta a todos los costarricenses, porque pagar esa torta sale del Presupuesto Nacional", añadió.
Gremios: entre la espera y la premura
Mientras tanto, en una parte de las organizaciones gremiales la noticia del hueco financiero generó sorpresa, mientras que en otros grupos se pide calma y análisis, sobre todo esperar la propuesta universitaria.
Jorge Luis Morales, secretario general del Sindicato de la Judicatura (Sindijud), aseguró que la Corte ha mantenido la reserva sobre esos datos y consideró que hay elementos positivos y negativos en lo revelado.
"No vemos el panorama totalmente oscuro, porque en otro estudio anterior se recomendaba que los empleados debían cotizar prácticamente el 96%, pero ahora la UCR habla del 49%", dijo Morales.
Su grupo es de los que considera necesario aligerar el proceso, porque considera que las medidas son urgente.
En la otra cara de la moneda, Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, le baja el tono a los elementos aportados por los actuarios, e insiste en que solo se trata de escenarios planteados, por lo que prefiere esperar a las recomendaciones finales de los expertos del IICE.
"No podríamos entrar a decir que estos son resultados definitivos. Podríamos tener una variación a mediano y largo plazo; estamos conscientes de que se deben hacer cambios", refirió Orocú.
Según ella, si los diputados hacen cambios legales sin esperar el informe final, eso iría en contra de la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
