El presidente Luis Guillermo Solís convocó, el 5 de junio anterior, a los siete directivos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) a una reunión en Casa Presidencial que se convirtió, según dos directivos de esa entidad, en un "ejercicio de presión" para modificar el contrato de fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR) para ampliar la vía a San Ramón.
Las molestias constan en el acta de la sesión ordinaria 1421-17 del 8 de junio. La Nación tiene copia de ese documento.
Ese día el Consejo de Administración del Conavi acordó aprobar la adenda, solicitada por el BCR desde febrero, en la cual amenazó con retirarse del proyecto si el Estado no le daba control total de la obra. El argumento del Banco es que esa es la única forma para hacer en menos años la carretera de 60 kilómetros entre la capital y la zona de Occidente.
Mónica Navarro Del Valle y Christian Campos, representantes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), votaron a favor de la adenda, pero denunciaron injerencia de Casa Presidencial.
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"La reunión que como Consejo tuvimos con el presidente, el ministro de la Presidencia, la presidenta del BCR y el señor Mariano Figueres fue un ejercicio de presión para que de inmediato aprobáramos la modificación (...) Procedo a emitir mi voto positivo hoy a pesar de que queden múltiples asuntos que a mi criterio aún quedan pendientes de resolver y me surgen serias dudas de si esta modificación es lo óptimo para el contrato y la obra", expresó Navarro.
"Debo decir que ha sido público y notorio que funcionarios ajenos a este Consejo de Administración, han tratado de ejercer una inusual presión porque se vote positivamente las modificaciones", declaró Campos.
Campos agregó que no existen los estudios técnicos que justifiquen los cambios solicitados por el BCR y tampoco hay análisis sobre la razonabilidad de los honorarios cotizados por el Banco para administrar el proyecto.
En el acuerdo original, los honorarios oscilaban entre $65.000 y $75.000 por comisiones fiduciarias, mientras que con la modificación oscilan entre $31.000 y $38.000 por mes por concepto de comisiones por administrar el fideicomiso, y entre $147.000 y $163.000 por mes para el pago de la unidad ejecutora.
Otras presiones
Nelson Gómez Barrantes, delegado de las municipalidades ante el Conavi, manifestó, en la junta del 8 de junio, que votaba a favor de las moficaciones porque el BCR ha amenazado, en varias ocasiones, que si no se avalan sus condiciones se retira del proyecto.
"Viendo la posición radical del Banco de retirarse del proyecto en caso de no contar con la venia del Consejo, obligan a esta representación a cumplir con las labores encomendadas a mi puesto como representante de los gobiernos locales y votar afirmativamente dicha adenda", dijo Gómez.
Para el vocero de los municipios, si la entidad bancaria se va de la obra el atraso en la carretera sería aún mayor, lo cual sería grave para el desarrollo del país.
Jorge Solano Jiménez, representante de la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica, tuvo la misma razón para darle el visto bueno a los requerimientos del BCR.
"No podemos dejar que esto (el fideicomiso con el BCR) se caiga, no podemos dejarlo, cosa que pasaría si no lo aprobamos, según la amenaza que hemos tenido encima", señaló Solano.
Por otra parte, la exviceministra de Infraestructura, Guiselle Alfaro, aseguró que al Conavi le falta personal y gente con la suficiente experiencia para desarrollar esta carretera bajo la figura de fideicomiso.
¿Qué dice Presidencia?
Mauricio Herrera, ministro de Comunicación, declaró que durante la reunión con directivos del Conavi, el presidente Solís "deploró con mucha vehemencia la inacción o lentitud de entidades públicas mientras las comunidades esperan durante décadas proyectos esenciales para mejorar su calidad de vida".
El funcionario no reconoció presiones de parte de Casa Presidencial hacia los directivos de Conavi, pero tampoco rechazó las afirmaciones expuestas por Navarro y Campos.
"En la sesión, la representante de Uccaep en Conavi, Mónica Navarro, manifestó sus inquietudes, y el ministro de Transporte, el Presidente Ejecutivo de Conavi y el Gerente General del BCR explicaron cada uno de los puntos mencionados. El señor Cristián Campos no habló en toda la reunión pero expresó en forma clara y contundente que no tenía ninguna objeción", agregó Herrera en un correo enviado a este diario.
Al ser consultado sobre si las manifestaciones de los directivos de Conavi podrían provocar que la Contraloría General de la República (CGR) rechace la adenda del contrato con el BCR, Herrera respondió que "el Presidente Solís ha insistido en que las instituciones deben hacer todo lo posible para avanzar con rapidez en la construcción de obras públicas estratégicas, siempre con total apego a la legalidad".
El Conavi envió la modificación contractual a la CGR la semana pasada, la cual está siendo estudiada por el ente contralor.