Un juez federal en Texas congeló la acción ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sobre inmigración, dando a una coalición de 26 estados tiempo para seguir adelante con una demanda que tiene como objetivo su paralización definitiva.
El juez de distrito de Estados Unidos, Andrew Hanen, concedió la medida preliminar este lunes, tras escuchar los argumentos en una vista en Brownsville, Texas, en enero. Con esto paraliza la medida con la que Obama busca salvar de la deportación a unos cinco millones de personas que viven ilegalmente en suelo estadounidense.
Hanen escribió un memorando acompañando a su fallo que señala que la demanda debería seguir adelante y que sin una orden preliminar los estados "sufrirían daño irreparable en este caso".
"Es imposible devolver el genio a la lámpara", escribió, añadiendo que está de acuerdo con el argumento de los demandantes de que legalizar el estatus de millones de personas es una acción " virtualmente irreversible".
Se espera que el gobierno federal recurra el fallo de Hanen ante la Corte de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos en Nueva Orleáns. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Justicia tuvieron comentarios de inmediato a primera hora del martes.
La primera de las medidas de Obama -ampliar un programa que protege a jóvenes inmigrantes de la expulsión si entraron en el país de forma ilegal cuando eran niños- entrará en vigor el miércoles. La mayor parte de la orden presidencial, que amplía esa protección a padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que lleven varios años en el país, no comenzará a aplicarse hasta el 19 de mayo.
Joaquín Guerra, director político de Texas Organization Project, calificó el fallo de "revés temporal".
"Seguiremos preparando a los inmigrantes para prepararlos para solicitar la ayuda administrativa " , dijo en un comunicado.
En una sentencia de 2013 sobre un caso no relacionado, Hanen sugirió que el Departamento de Seguridad Nacional debería arrestar a los padres que viven en Estados Unidos ilegalmente y que alentaron a sus hijos a cruzar la frontera incumpliendo las normas.
La coalición de estados, liderada por Texas y formada en su mayoría por conservadores del sur y el medio oeste, alega que Obama violó la Take Care Clause de la Constitución de Estados Unidos, que sostienen limita el ámbito de acción de los poderes presidenciales. También dicen que la iniciativa de la Casa Blanca obligará a aumentar la inversión en seguridad, atención sanitaria y educación.
"La decisión del juez Hanen detiene adecuadamente la extralimitación del presidente", dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott, en un comunicado.
Los republicanos en el Congreso han prometido que bloquearán las acciones de Obama en este campo recortando el gasto del Departamento de Seguridad Nacional para el programa.
A inicio de este año, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó un presupuesto de 39.700 millones de dólares para financiar el departamento hasta el final del año fiscal, pero incluyó lenguaje para deshacer las acciones ejecutivas de Obama.
El destino de la norma aprobada por la cámara baja no está claro, ya que los republicanos del Senado están a seis votos de tener la mayoría de 60 necesaria para aprobar la mayoría de las normas.
