Estados Unidos
Con el apoyo de Rusia, el Consejo de Seguridad aprobó el lunes el rápido despliegue de observadores de la ONU en Alepo para monitorear las evacuaciones e informar sobre la situación de los civiles que permanecen en la asediada ciudad siria.
El Consejo adoptó por unanimidad el proyecto de resolución presentado por Francia, que da la primera muestra de unidad en meses entre las potencias mundiales sobre la crisis en Siria.
La resolución llama a la ONU a llevar a cabo una "adecuada y neutral supervisión y observación directa de las evacuaciones en el este de Alepo y en otros distritos de la ciudad".
Pide igualmente a Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, la adopción de medidas urgentes para permitir que los observadores puedan supervisar "el bienestar de la población civil" y consultar con las partes interesadas en el despliegue.
El embajador francés Francois Delattre dijo que la presencia internacional impedirá que Alepo se convierta en otra Srebrénica, ciudad bosnia en la que fueron masacrados miles de hombres y niños en 1995 durante la guerra de los Balcanes.
Seguía siendo incierto sin embargo si el gobierno sirio brindará a los observadores acceso a la ciudad y permitirá operaciones que están bajo escrutinio internacional.
"Este es un punto de partida", comentó Delattre. "Estaremos muy atentos, muy atentos".
Ban deberá informar al Consejo dentro de cinco días sobre si acceso concedido por el gobierno sirio, que ha bloqueado repetidamente la llegada de ayuda de Naciones Unidas.
Más de 5.000 personas fueron evacuadas en la mañana del lunes, del último reducto rebelde en el este de Alepo asediado por el régimen a bordo de 75 autobuses y fueron trasladadas fuera de la segunda ciudad de Siria hacia la localidad de Khan al-Assal, bajo control rebelde en el norte del país, indicó Ingy Sedky, portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Al mismo tiempo, unas 500 personas en una decena de autocares pudieron abandonar las ciudades chiitas de Fua y Kafraya, sitiadas por los rebeldes, en la vecina provincia de Idlib (noroeste), indicó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).