Bogotá. AFP. La guerrilla de las FARC y el Gobierno de Colombia desistieron –por separado– del plazo que fijaron para firmar la paz el 23 de marzo, y abrieron la opción de prorrogar las negociaciones en Cuba para cerrar más de medio siglo de conflicto.
El primero en admitir una muy probable extensión de los diálogos que empezaron en La Habana, en noviembre del 2012, fue el presidente Juan Manuel Santos, el miércoles.
“Después de tanto esfuerzo, después de tanto tiempo, si no hemos llegado el 23 a un buen acuerdo, yo le digo a la contraparte: ‘pongamos otra fecha’, porque yo no voy a cumplir una fecha con un mal acuerdo”, expresó.
Este jueves, en Cuba, el líder rebelde Joaquín Gómez, negociador de paz de las FARC, apoyó la posición del mandatario.
“Nos parece que el presidente Santos ha actuado con objetividad y estamos de acuerdo con lo dicho por él, y pensamos que sí, que después del 23 puede haber un acuerdo”, afirmó.
En ese sentido, insistió en que “no hay condiciones” para culminar las negociaciones dentro del plazo de seis meses que se impusieron Santos y Timoleón Jiménez (Timochenko) el 23 de setiembre en La Habana. “Estamos de acuerdo en que de manera consensuada acordemos otra fecha”, enfatizó Gómez.
De esa forma, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Santos despejaron el camino hacia una prórroga de las conversaciones para poner punto final a la prolongada lucha de esa guerrilla, que aspira a convertirse en un partido político.
Sin embargo, no existe, al menos públicamente, una nueva fecha en discusión.
El plazo del 23 de marzo había alimentado una expectativa mayor por la histórica visita que hará el presidente Barack Obama a Cuba del 21 al 22 de este mes. Estados Unidos, que financió por años la lucha contra las FARC, respalda las negociaciones de paz.
Las FARC y el Gobierno están negociando el cese bilateral del fuego definitivo (que incluye el desarme de la guerrilla) y el mecanismo para refrendar los acuerdos, últimos puntos del proceso de paz que acompañan Cuba, Noruega, Chile y Venezuela.
Hasta el momento, han alcanzado pactos en torno a la problemática rural, cultivos ilegales, reparación de víctimas y participación en política de los rebeldes una vez que dejen los fusiles.
Al quedar prácticamente descartado el plazo para la suscripción de un acuerdo final, las partes trabajan para convenir y anunciar el cese bilateral de fuego el 23 de marzo.
Desde hace ocho meses, las FARC cumplen una tregua unilateral y el gobierno mantiene suspendidos los bombardeos contra esa organización de unos 7.000 combatientes. Sin embargo, persiste el conflicto con la organización rebelde del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos de índole paramilitar.
Este jueves, Gómez volvió a insistir en su llamado al gobierno a que se abstenga de actuar sin el previo consenso en la mesa de las conversaciones, a propósito de la aprobación en el Congreso de Colombia de una ley que permitirá la concentración y desarme de las FARC.
Gómez aclaró que las partes no han definido las zonas en Colombia donde se ubicarán los guerrilleros durante el proceso de dejación de armas. “Esto no se ha definido y la posición nuestra (...) es que eso tiene que ser consensuado”, insistió.
El conflicto colombiano ha dejado hasta ahora unos 260.000 muertos y más de seis millones de desplazados.