Montevideo. AFP. Con el proyecto de legalización de la marihuana en Uruguay, el Gobierno apunta a sustituir un mercado ilegal que mueve de 30 a 40 millones de dólares anuales y alejar a los consumidores de los narcotraficantes, al ofrecerles una sustancia de mejor calidad.
“En ninguna parte del mundo lo represivo ha dado resultado” contra el narcotráfico, dijo ayer el presidente José Mujica, impulsor de la iniciativa, lanzada en junio del 2012 en el marco de un plan para combatir el incremento de la violencia.
El proyecto de legalización, que convertiría al Estado uruguayo en el primero en el mundo en asumir el control de todo el proceso de producción y venta de cannabis, fue aprobado en la noche del miércoles en la Cámara de Diputados, solamente con los votos del oficialismo, y ahora deberá pasar al Senado para su ratificación.
El Gobierno ha enmarcado su iniciativa en la postura de la Comisión Global de Política de Drogas –integrada por los expresidentes de Brasil Fernando Henrique Cardozo, de Colombia César Gaviria y de México Ernesto Zedillo, entre otros– que sostiene que la guerra frontal a las drogas ha fracasado.
En ese sentido, Mujica atribuyó el incremento de la violencia y los ajustes de cuenta en el país al narcotráfico, que “termina arrasando con todo”. “Nosotros queremos parar esta cosa en la frontera donde se inicia la drogadicción”, explicó el presidente, al defender la legalización del cannabis. “Estamos conscientes de que estamos haciendo un experimento de vanguardia en el mundo entero”, reconoció.
La Junta Nacional de Drogas (JND) estima que en Uruguay , un país de 3,3 millones de habitantes, hay unos 120.000 consumidores de marihuana, aunque las asociaciones de consumidores sostienen que la cifra ronda los 200.000.
Para Julio Calzada, secretario general de la JND, eso implica que en el país se comercializan unas 22 toneladas de marihuana, lo que totalizaría un negocio ilegal de entre 30 y 40 millones de dólares.
Mercado regulado. La idea del Gobierno es habilitar la plantación, distribución y expendio por parte de privados, bajo control estatal, lo que permitiría “controlar el volumen de producción”, dijo Calzada.
Actualmente, el consumo –que aumenta año a año– no está penado en Uruguay, aunque sí su comercialización.
Calzada sostiene que al ser ilegal el cannabis que se consume –proviene sobre todo de Paraguay– viene en condiciones muy deterioradas. “La gente está consumiendo un producto que en parte es marihuana, pero tiene agregados. Y es un producto que no está tratado bromatológicamente”, declaró.
Para Mujica, es, además, “una batalla por la salud pública, porque si el consumidor queda identificado, podemos influir sobre él cuando se empieza a pasar de la raya”.
Acceder a la sustancia –ya seapor medio s de farmacias, autocultivo o clubes de membrecía– implicará estar registrado, lo que según el Gobierno permitirá detectar los casos de abuso y brindarles asistencia sanitaria. Registro que busca además evitar el “turismo canábico”, ya que la venta estará habilitada solo a residentes.
Los consumidores, en tanto, no ponen reparos al registro. “No vamos a tener que recurrir al narcotráfico, que nos venden la marihuana con un montón de sustancias que no queremos consumir”, dijo William, de 21 años, defensor del autocultivo.
Si bien la práctica está hoy penada en el país, la Asociación de Estudios del Cannabis estima que hay unos 10.000 autocultivadores.