Caracas AP El nuevo presidente de la Asamblea Nacional descartó que la oposición vaya a ir a una guerra política con el Gobierno, pero afirmó que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, debería pensar en la renuncia para lograr una salida a la crisis que afronta el país.
Otros elementos parecen llevar al inicio de una inevitable colisión: la decisión opositora de que sean juramentados los 112 diputados electos a pesar de que tres de ellos fueron suspendidos por el Tribunal Supremo de Justicia.
Están, además, las amenazas de posibles protestas callejeras por parte de grupos prooficialistas este martes 5 de enero, cuando asume la mayoría opositora el control de la Asamblea.
“Nosotros no vamos a declarar ninguna guerra. Si alguien en su soliloquio, en su tragedia, declara una guerra, la irá a pelear solo. Nosotros vamos a cumplir sin cortedades y sin excesos con los deberes que nos señala la Constitución”, afirmó el socialdemócrata Henry Ramos Allup, nuevo presidente del Congreso.
Ramos Allup fue elegido el domingo por la mayoría de los 112 diputados electos de la oposición para dirigir el Poder Legislativo por un año.
El dirigente opositor dijo este lunes que Maduro debería pensar en la posibilidad de la renuncia a su cargo como una salida a la crisis que afronta el país.
“Creo que el presidente Maduro debería estar pensando en esa posibilidad (la renuncia). Si es un mecanismo de solución de la crisis política, ¿por qué descartarlo?”, indicó.
El presidente del congreso denunció que este lunes enfrentó una situación violenta a las afueras de la sede administrativa de la Asamblea Nacional donde supuestos simpatizantes del gobierno lo insultaron y amenazaron cuando intentó infructuosamente de ingresar a la instalación. El diputado indicó que un jefe seguridad del congreso, que se identificó cómo Esmir Mendoza, le impidió entrar a la sede administrativa del congreso para solicitar una constancia de estados de cuenta del Instituto de Previsión del Parlamentario al cual pertenece hace varios años.
Ramos Allup cuestionó los llamados que han realizado grupos oficialistas, conocidos como “colectivos”, para concentrarse en los alrededores del Congreso, y dijo que será “responsabilidad del Gobierno” si se produce cualquier acto violento que impida la instalación de la nueva Asamblea Nacional.
“Tenemos confianza en que la fuerza armada va a evitar que estos grupos delictivos sigan perpetrando sus hechos intimidatorios”, agregó.
Aunque los analistas estiman que serán inevitables las confrontaciones entre la Asamblea Nacional y el Gobierno, el congresista insistió en que la oposición no asumirá el control de la Asamblea Nacional con una postura de “carro chocón”, pero sostuvo que “si ejercer como poder autónomo significa chocar, bueno, ¿cómo se hace?”.
“Para evitar el choque no podemos ir a nuestra casa, después que la gente confió en nosotros, con un par de agujas a tejer calcetas y escarpines. Tenemos que ejercer porque la gente nos eligió para ejercer”, indicó .
Ramos Allup, secretario ejecutivo de partido tradicional Acción Democrática, se mostró confiado en que el nuevo congreso se instalará con normalidad.
En un abierto reto a la decisión del máximo tribunal, que es controlado por el oficialismo, que suspendió la juramentación de tres diputados opositores, el presidente del Congreso expresó: “Nos vamos a juramentar los 112 diputados que eligió el pueblo. Ninguna decisión burocrática y mucho menos de un organismo carente de legitimidad de origen puede trastornar o frustrar o estafar la voluntad popular”.
El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, indicó que no le corresponde a la fuerza armada “dilucidar o convertirse en árbitro de las decisiones o dictámenes” del máximo tribunal.
Según dijo en su cuenta de Twitter, no se debe inmiscuir a los militares en la diatriba generada por sectores políticos que tratan, de manera “tendenciosa y manipuladora”, de implicar a la fuerza armada en esa situación.
La coalición opositora logró en las elecciones del 6 de diciembre 112 de los 167 escaños, lo que le garantizaría una mayoría calificada que le permitirá convocar una asamblea constituyente y aprobar una reforma constitucional, designar o remover a los magistrados del Tribunal Supremo, y nombrar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General, el contralor general y el defensor del pueblo.
De concretarse las impugnaciones de algunas de las elecciones así como la suspensión de las juramentaciones de algunos diputados, podría cambiar la correlación de fuerzas.
El oficialismo, que por tres lustros había dominado el Congreso con amplia mayoría, alcanzó en los pasados comicios apenas 55 diputados.