El entonces presidente chileno Augusto Pinochet se negó a aceptar un reporte policial que acusaba a efectivos del ejército de quemar vivos a dos adolescentes en julio de 1986 durante una protesta contra la dictadura militar, según documentos estadounidenses difundidos el viernes.
La organización no gubernamental National Security Archive, con sede en Washington, publicó cinco documentos de la Casa Blanca, CIA, y los departamentos de Defensa y de Estado un día después de que un juez acusara a cinco exmilitares chilenos por la muerte premeditada de Rodrigo Rojas y el intento de homicidio de Carmen Quintana, entonces de 18 años.
El National Security Archive publicó en su página web que el encubrimiento del gobierno de Pinochet al caso conocido como el de “Los Quemados” incluyó “el secuestro y la intimidación de testigos y presión sobre jueces y abogados chilenos”.
Uno de los cinco documentos es un cable del Departamento de Estado en el que el comandante de la policía, general Rodolfo Stange, entregó un informe que identificaba a las unidades del ejército involucradas.
“El presidente Pinochet dijo al general Stange que él no creía el reporte, y se negó a recibirlo”, relata el documento.
La organización no gubernamental describió otro de los documentos como “la única ocasión” en que un caso específico de violación de derechos humanos en Chile era incluido en los resúmenes vespertinos que recibía un presidente estadounidense, en este caso Ronald Reagan.
Peter Kornbluh, analista principal de la organización, dijo que los documentos estadounidenses “pueden propagar el recuerdo internacional de las víctimas y, tras tantos años, la rendición de cuentas ante la justicia por la atrocidad de los crímenes”.
Los soldados rociaron a los jóvenes con gasolina y les prendieron fuego durante la protesta el 2 de julio de 1986. Rojas murió cuatro días después.
Pinochet murió en 2006 bajo arresto domiciliario sin haber sido juzgado por enriquecimiento ilegal y violaciones a los derechos humanos. Unos 70 oficiales militares han sido encarcelados por delitos de lesa humanidad y otros 700 enfrentan juicio.
La presidenta Michelle Bachelet, que recibió la víspera a Quintana en el palacio presidencial, afirmó que su gobierno está dispuesto a seguir descubriendo abusos a los derechos humanos cometidos durante la dictadura, que mató, torturó o aprisionó a 40.018 personas, según cifras oficiales.
