México espera que la detención del exalcalde de Iguala (sur) y su esposa, considerados los autores intelectuales de los ataques a estudiantes en septiembre que acabaron con 43 desaparecidos, ayude a esclarecer la suerte de los jóvenes.
Indignados por la falta de noticias de los chicos a más de un mes de su desaparición, los familiares prevén este miércoles unirse a una nueva marcha multitudinaria de estudiantes universitarios en la Ciudad de México.
Esta manifestación, que irá desde la residencia presidencial de Los Pinos hasta la céntrica plaza del Zócalo, supondrá el arranque de tres días de huelgas, protestas y marchas universitarias que se sumarán a las numerosas protestas de las últimas semanas en todo el país para exigir justicia por el crimen.
Antes de encabezar esa marcha, un grupo de padres de las víctimas, alumnos de la combativa escuela de magisterio de Ayotzinapa, se desplazó la tarde del martes a la capital para recibir información de primera mano de la fiscalía a raíz de la crucial detención del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, en la madrugada del martes.
Conocidos como 'La pareja imperial' de Iguala por su poder y ostentación forjado en un emporio joyero, los prófugos Abarca y Pineda fueron detenidos por policías federales en una vivienda del popular barrio de Iztapalapa, en la Ciudad de México.
La pareja empezó a rendir declaración ante la fiscalía general a altas horas de la madrugada del martes, sin que se hayan conocido hasta el momento el contenido de sus esperadas revelaciones.
Una joven llamada Noemí Berumen también fue detenida en el operativo por supuestamente haberlos ayudado a esconderse.
"Espero que esta detención contribuya al esclarecimiento de la investigación", manifestó el presidente Enrique Peña Nieto sobre la pareja acusada de colocar el poder público de Iguala al servicio del cártel local Guerreros Unidos.
Los hasta ahora fugitivos más buscados de México, huyeron de esa importante ciudad del empobrecido y violento estado de Guerrero cuatro días después de los ataques.
La fiscalía cree que Abarca ordenó a sus policías que reprimieran a los estudiantes la noche del 26 de septiembre por temor a que sabotearan un evento oficial encabezado por su esposa, que pretendía suceder a su marido como alcaldesa en 2015.
Al menos 22 policías de Iguala, una ciudad de 140.000 habitantes a unos 200 km del DF, están detenidos acusados de disparar a los jóvenes y entregarlos después a los Guerreros Unidos.
Las autoridades no han reconstruido lo que sucedió a partir de este momento aunque, por declaraciones de otros detenidos, temen que los jóvenes desaparecidos fueron asesinados y enterrados.
Sin embargo, recalcan que no darán credibilidad a esta versión hasta encontrarlos.
El martes, el fiscal general consideró que la captura de Abarca y su esposa supuso un paso "importante" para las investigaciones e hizo votos para que "en pocos días" pueda dar una "información mayor y más profunda" sobre la suerte de los chicos.
Elegido en 2012 por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), Abarca había sido investigado en varias ocasiones desde 2010 por presuntos nexos con la delincuencia organizada y está acusado del homicidio de un líder campesino en 2013, lo que no impidió que pudiera postularse como alcalde.
"Que lo hagan hablar" porque "él sabe dónde están" los estudiantes, dijo a la AFP Manuel Martínez, uno de los voceros de los padres de los desaparecidos.
De su lado, Pineda es hermana de tres destacados narcotraficantes y ha sido señalada por la fiscalía de ser la principal operadora de los Guerreros Unidos en Iguala.
El gobierno mexicano ha detenido al menos a 59 personas por este crimen que ha levantado una indignación sin precedentes en el país y ha motivado reclamos internacionales como los de la ONU y Estados Unidos.
La falta de noticias sobre los estudiantes ha hecho que decenas de miles de mexicanos hayan participado en numerosas protestas para exigir justicia por este crimen, que ha torpedeado la voluntad de Peña Nieto de centrar la atención en sus ambiciosas reformas económicas y no en la violencia del narcotráfico, que marcó la anterior presidencia de Felipe Calderón (2006-2012).