Caracas AFP, EFE El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso una comisión para resolver la situación de los opositores presos, siguiendo modelos como el que puso fin al apartheid en Sudáfrica, en un discurso ante el Parlamento.
“Propongo que establezcamos una comisión nacional de justicia, verdad y paz paritaria, que sea presidida por un venezolano o una venezolana de confianza pública y que establezca las bases legales, jurídicas para ir a un proceso de paz, y que no se imponga la visión del perdón de los victimarios a ellos mismos”, dijo Maduro en su informe anual de labores ante la mayoría legislativa opositora.
El mandatario aludía a un proyecto de la oposición, presentado el lunes, para amnistiar a unos 76 “presos políticos”, entre ellos el dirigente Leopoldo López, y miles de “perseguidos” por su oposición al chavismo.
Maduro reiteró su rechazo a esa iniciativa, al señalar que se le estaría clavando “un puñal a la paz” y no se curaría “ninguna herida creada por el error político de tratar de forzar la historia a través de la violencia”.
El jefe de Estado, que advirtió semanas atrás de que vetará la amnistía que se propone aprobar la oposición, aludió en particular a las protestas que buscaban su renuncia y dejaron 43 muertos entre febrero y mayo del 2014.
Acusado de incitar a la violencia en esas manifestaciones, López, líder del ala radical de la oposición, fue condenado en setiembre a casi 14 años de cárcel.
A través del bloque legislativo chavista y del vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, “quedamos listos y dispuestos para conversar este y cualquier otro tema que sea susceptible y necesario”, manifestó.
Sudáfrica. El gobernante socialista puso como ejemplo el proceso liderado por el líder sudafricano Nelson Mandela para poner fin a la segregación racial, y el marco jurídico del diálogo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.
En Sudáfrica, con un estatuto jurídico, “los que reconocieron sus crímenes completos fueron perdonados, hubo justicia, reparación a las víctimas y muchos de ellos tuvieron que cumplir” penas alternativas, indicó.
A esta propuesta, el jefe parlamentario Henry Ramos Allup, replicó: “Si usted propone diálogo, estoy de acuerdo, pero que sea un diálogo con resultados, con medidas concretas, y que cuando ofrezcamos la paz, no sea la paz de los sepulcros”.
Maduro decretó un “estado de emergencia económica” horas antes de su informe ante la Asamblea Nacional, y admitió en su discurso que la crisis es “realmente catastrófica”.
Él acusa de la situación a una “guerra económica” de la derecha apoyada por Estados Unidos para derrocarlo.
“Estamos en medio de la tormenta económica”, con “dos modelos confrontados”, agregó.
“El socialista es el único, no es el modelo neoliberal que venga a privatizar (...). Tendrán que derrocarme para aprobar una ley de privatización. ¡No, no y no!”, expresó, levantando el tono, en un breve cruce de palabras con diputados opositores que lo escuchaban desde sus curules.
Emergencia. Maduro decretó el estado de “emergencia económica” por 60 días, ante la crisis cuya gravedad confirmó el Banco Central: entre enero y setiembre del 2015, la inflación fue de 108,7% y la economía se contrajo en 4,5%.
“Las cifras catastróficas son resultado de una situación económica que seguramente en otros tiempos, con políticas regresivas neoliberales y capitalistas, tendrían a nuestro pueblo en el desempleo”, comentó.
El decreto permite al Gobierno disponer de bienes de empresas privadas para garantizar el abastecimiento de productos, fijar límites al ingreso y salida de moneda local en efectivo, dijo el titular de Economía, Luis Salas.
Al entrar al hemiciclo, abarrotado de funcionarios de gobierno, diputados, diplomáticos y periodistas, Maduro intercambió, sonriente, un saludo con el jefe parlamentario, Henry Ramos Allup, un acérrimo antichavista.
Ramos Allup había desacreditado de antemano el decreto. “La crisis no es superable con este gobierno. Es un modelo fracasado”, dijo el legislador, quien pone entre las prioridades de la oposición parlamentaria, además de una amnistía para presos políticos, reformas económicas.
Analistas independientes recomiendan la unificación de los tres tipos de cambio -más el del mercado negro 125 veces mayor que la tasa más baja oficial-, la eliminación del control de precios, aumentar el precio de la gasolina que es casi regalada en este país, estímulo a la inversión privada y reducción del gasto público.
Maduro anunció el decreto como un conjunto de medidas para impulsar la producción y bajar la dependencia casi total del petróleo -fuente del 96% de divisas-, que esta semana cerró en 24,38 dólares por barril, el precio más bajo en los últimos 12 años.
El país con las mayores reservas de crudo del planeta sufre un severo desabastecimiento que genera largas filas que exasperan a los venezolanos.
Por otra parte, Maduro que acusa a la oposición de querer darle un “golpe” desde el Parlamento, destacó su llamado al respeto a la Constitución y a “buscar no caer en la tentación de una contrarrevolución que produzca aventuras que sean lamentadas en la historia por todos”.
La comparecencia de Maduro ante el Congreso ocurre en medio de una crisis institucional desatada tras la instalación de la nueva Asamblea Nacional.
Su asistencia estuvo en duda debido a que la justicia había declarado el lunes en “desacato” al parlamento y anulado sus decisiones por haber juramentado a tres diputados opositores que, impugnados por el oficialismo, están suspendidos mientras son investigados por supuesto fraude electoral.
Pero la oposición debió retroceder el miércoles acatando la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Los analistas temen que el enfrentamiento postergue la atención de la crisis, prioridad de los venezolanos, quienes han vivido con preocupación ese primer capítulo del choque de poderes.
“Esto sigue empeorando y empeorando y ahora menos lo van a arreglar porque se están peleando por la Asamblea”, dijo Juan Molina, un vigilante de 44 años. “Ya no sé qué va a pasar aquí”, concluyó.