EscucharBrasilia. AFP. El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil estudia reabrir una investigación sobre la campaña presidencial de Dilma Rousseff, que tiene el potencial para anular su mandato, por el presunto uso de fondos desviados del fraude a la empresa estatal Petrobras.
Cuatro de los siete magistrados ya votaron a favor de continuar con este proceso iniciado por el partido opositor PSDB (centro), pero un juez pidió un receso para reevaluar el proceso, que había sido archivado en febrero debido a que las pruebas aportadas eran “frágiles”.
Sin embargo, como el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) apeló esa decisión, ahora la demanda podría ser reabierta cuando el tribunal se reúna nuevamente para tratar el caso, un plenario que aún no tiene una fecha definida.
Una asesora del TSE dijo el miércoles que, cuando eso ocurra, los ministros que ya votaron pueden modificar esos dictámenes si así lo consideran.
Arremetida del PSDB. La demanda es una de las cinco presentadas por el PSDB, derrotado en los comicios de octubre del 2014 por apenas tres puntos porcentuales, la cual afirma que la fórmula Rousseff (Partido de los Trabajadores, izquierda) y Michel Temer (Partido del Movimiento Democrático Brasileño, centro) financió su carrera al palacio de Planalto con donaciones de empresas ligadas al fraude de Petrobras.
El PSDB acusa a las agrupaciones de Rousseff y de Michel Temer de “abuso de poder económico y fraude, con la realización de gastos de campaña y valor que sobrepasó el límite informado y de financiación de campaña mediante donaciones oficiales de empresas contratadas por Petrobras como parte de la distribución de sobornos”.
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La presidenta Dilma Rousseff y su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, asistieron el 7 de agosto del año anterior a un mitin electoral en la ciudad de São Paulo. | AP (Andre Penner)
La Justicia brasileña investiga una trama de corrupción en la petrolera estatal que otorgaba contratos con sobreprecios a un cartel de empresas. Los sobreprecios eran sobornos o “donaciones” destinadas a financiar a partidos políticos, sobre todo al gobernante Partido de los Trabajadores y a varios de sus aliados en la coalición, según las declaraciones de involucrados en la causa.
El PSDB, que llevó como candidato al actual senador Aécio Neves, plantea además que hubo “manipulación en la divulgación de indicadores socioeconómicos –un abuso acumulado con la perpetración de fraude–, uso indebido de predios y equipamiento público para realizar actos propios de campaña, y publicidad institucional en época de veda".
Al dar su respaldo a la continuidad de la investigación, el magistrado Gilmar Mendes –también integrante de la Corte Suprema– afirmó que había indicios para “verificar si recursos provenientes de la corrupción en Petrobras fueron o no transferidos a la campaña presidencial".
Rousseff enfrenta varios cuestionamientos que podrían interrumpir su segundo mandato, que empezó en enero.
La presidente enfrenta más de 10 pedidos de juicio político en el Congreso, y sus problemas se agravan con el deterioro de la economía y con cada nueva revelación del escándalo que costó $2.059 millones a Petrobras.
