Caracas
Negocios arrasados, calles militarizadas y cientos de detenidos. Los saqueos en la ciudad de Cumaná evidenciaron el giro violento que están tomando las protestas por alimentos en Venezuela, un factor que el Gobierno atribuye a la oposición y que podría radicalizar al presidente Nicolás Maduro.
"El balance es de ruina total porque los comercios fueron saqueados no solo en sus inventarios, también su mobiliario. Hubo destrozo total", dijo Rubén Saud, presidente de la Cámara de Comercio de Cumaná, una ciudad costera de 800.000 habitantes y a 400 km al este de Caracas.
En paralelo a esos disturbios hubo saqueos en Lagunilla (estado Mérida), en los que murió un menor de 17 años, informó la Fiscalía.
Panaderías, supermercados, ferreterías fueron arrasados el martes en lo que comenzó como una protesta en reclamo de comida, en medio de la cual motoristas asaltaron inicialmente camiones con víveres, según testigos.
Al borde del mar Caribe, Cumaná es el epicentro más reciente de manifestaciones por la severa escasez de alimentos, que a mediados de mayo empezaron a extenderse por varias regiones y en junio, particularmente, degeneraron en violencia.
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Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en los primeros cinco meses del 2016 se registraron 254 saqueos o intentos de saqueo, siendo mayo el de más incidencia con 88 casos. La carestía de alimentos básicos es de 80%, según la firma Datanálisis.
Un hombre de 42 años murió baleado cuando transitaba en un vehículo por uno de los lugares donde se originó la protesta en Cumaná, señaló Estelin Kristen, dirigente de la organización de derechos humanos local Incide, aunque la Fiscalía no confirmó aún el deceso.
Desde el 6 de junio, al menos otras tres personas han muerto durante desórdenes similares en Cariaco (estado Sucre, cuya capital es Cumaná), San Cristóbal (oeste) y Caracas, según las autoridades. Un militar y un jefe policial fueron detenidos por los dos primeros casos.
"La mayoría de estos saqueos (en Cumaná) fueron orquestados por bandas de motorizados. Detrás llegó la población", aseguró Kristen. La gobernación de Sucre reportó 400 detenidos.
A raíz del caos, la ciudad fue militarizada, se prohibió el tránsito de motoristas durante 72 horas, las clases fueron suspendidas y se levantaron los racionamientos diarios de electricidad, indicó el activista.
A medida que las protestas derivan en actos vandálicos, el gobierno arrecia sus acusaciones contra la oposición culpándola de alentar el caos para desestabilizarlo y crear las condiciones para una intervención extranjera.
El martes, el presidente Nicolás Maduro –enfrentado a una ofensiva opositora para sacarlo del poder mediante un referendo revocatorio– denunció que sus adversarios están detrás de la "violencia bachaqueril", en referencia a quienes contrabandean alimentos subsidiados (llamados "bachaqueros") y que, en su opinión, promueven los disturbios.
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Debido a ello, el mandatario socialista, cuya gestión rechazan siete de cada diez venezolanos según encuestas, dijo que habilitó una cárcel especial para enviar a los responsables.
Ocho personas fueron detenidas el martes en el estado Anzoátegui acusadas de alentar desórdenes, informó el gobernador regional, Nelson Moreno.
Oportunidad. Para el politólogo Héctor Briceño, el aumento de la violencia "le brinda un escenario oportuno al Gobierno" para decretar eventualmente la conmoción interior e "impedir así el referendo u otro evento electoral", como los comicios regionales de fin de año.
"Lo que contiene una explosión social generalizada es la posibilidad de que la gente pueda expresarse a través de mecanismos como el referendo. No permitirlo desencadenaría una situación muy dramática", comentó Rafael Uzcátegui, coordinador de la organización de derechos humanos Provea.
Maduro ha advertido que tiene "listo" un decreto de "conmoción interior" en caso de que se desaten hechos "golpistas violentos", lo que implicaría restricciones a las libertades civiles.
En Venezuela rige una emergencia económica y un estado de excepción desde el pasado 13 de mayo, en el marco del cual el Gobierno implementó los CLAP, grupos de civiles que distribuyen los alimentos puerta a puerta.
La oposición denuncia que esa estrategia apunta a abastecer a los partidarios del chavismo, pero incluso no satisface sus necesidades en medio de la severa crisis económica agravada por la caída del ingreso petrolero.
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"Con los CLAP la gente percibió que la escasez se iba a agravar. Hay incertidumbre, desasosiego, es a partir del estado de excepción que estas acciones (los saqueos) se han disparado", dijo Uzcátegui.
En tanto, Briceño considera que cada vez se ve una mayor confluencia entre las demandas sociales -como los alimentos- y los reclamos políticos, tras años en que el chavismo descalificó estos últimos al asociarlos con la oposición.