Brasilia
El Congreso brasileño discutía este martes dos proyectos de alto voltaje frente a la crisis económica y política que vive el país, con duros enfrentamientos entre manifestantes y la Policía como telón de fondo.
La jornada se tiñó de violencia cuando una multitud chocó contra las fuerzas de seguridad ante las puertas del Congreso, donde se debaten un congelamiento del gasto público por 20 años y un polémico paquete anticorrupción que amenaza con agriar el enfrentamiento que mantienen el Poder Judical y el Parlamento.
La reforma constitucional del "techo de gastos" pretende abrir una era de austeridad en el Estado. Se trata de una de las grandes apuestas del gobierno conservador del presidente Michel Temer y será sometida en el Senado a la primera de las dos votaciones que requiere para ser aprobada, tras obtener luz verde en la Cámara de Diputados.
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Se espera que recoja una amplia mayoría de votos, pese a la oposición de sindicatos, grupos de izquierda y estudiantes, que sostienen afectará las áreas de salud y educación.
La movilización contra el ajuste congregó por la tarde a unos 10.000 manifestantes ante el Congreso, según la Secretaría de Seguridad del Distrito Federal. Los opositores no divulgaron estimaciones de participación.
Los manifestantes corearon "Fuera Temer", lanzaron columnas de humo rojo y verde y volcaron un vehículo frente al cordón policial, que respondió con una lluvia de gases. Los enfrentamientos continuaron por la monumental explanada de los ministerios, donde hubo vidrios rotos, barricadas y otros vehículos incendiados.
Temer, que asumió el poder tras la destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff (acusada de adulterar las cuentas públicas), prevé igualmente enviar al Congreso una reforma de las jubilaciones, que corre el riesgo de acentuar el malestar social.
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Los diputados discutirán, por su lado, una iniciativa impulsada por los fiscales del escándalo de multimillonarios sobornos de Petrobras, que llegó al recinto apoyada por más de dos millones de firmas.
El proyecto pretende atacar la corrupción rampante que salpica a buena parte de la clase política, pero en la Cámara gana fuerza un movimiento que busca incorporar una enmienda que permita castigar a jueces y fiscales por "crímenes de responsabilidad".
Esa figura solo se aplica por el momento al primer nivel del Estado, como el presidente, los jueces de la Corte Suprema o gobernadores.
"Estamos escuchando muchas cosas entre bastidores, pero esperamos que prevalezca el sentido común y se entienda que no es momento de tomar represalias contra nadie, sino de que el Congreso se vuelva a acercar a la gente", dijo a la AFP el diputado Joaquim Passarinho (PSD, centroderecha).
La presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lucia, puso en negro sobre blanco la preocupación por un posible contraataque del Congreso, donde hay al menos medio centenar de investigados por el megaescándalo de Petrobras.
"Los jueces brasileños se convirtieron en blanco de ataques permanentes, de intentos de cercenar su actuación constitucional y, aún peor, se pretende incluso criminalizar sus acciones", dijo Carmen Lucia en Brasilia.
Buena parte de las bancadas oficialistas habían articulado previamente un intento de amnistiar los delitos de "Caja 2", donaciones no declaradas ante la justicia electoral, que suelen usarse para lavar dinero de la corrupción. Pero el presidente conservador Michel Temer, ante la indignación popular, anunció en una rueda de prensa convocada repentinamente el domingo que vetaría cualquier iniciativa de ese tipo y el proyecto perdió apoyo.
Las sesiones en ambas cámaras se iniciaron con muestras de pesar por el accidente aéreo que dejó más de 70 muertos cerca de Medellín (Colombia), en el cual viajaba el plantel del Chapecoense, un modesto equipo de Santa Catarina (sur) que se apretaba a disputar el miércoles el partido de ida de la Copa Sudamericana ante el Atlético Nacional.
Temer decretó tres días de luto nacional por esa tragedia, sin que ello afecte la agenda de los debates parlamentarios.