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Brasilia
Una comisión de la Cámara de Diputados de Brasil debatía este martes un sensible paquete de leyes anticorrupción impulsado por los fiscales del caso Petrobras, que paradójicamente podría derivar en una amnistía de delitos pasados.
Las 18 medidas llegaron al Congreso con el apoyo de dos millones de firmas, y ahora la comisión, donde existen enormes divergencias, debe emitir una recomendación al plenario de 513 miembros para su votación.
Sin embargo, con más de 50 legisladores investigados por los desvíos en la petrolera, según la publicación Congreso en Foco, el Parlamento contraatacó con una serie de proyectos para poner límites al Poder Judicial y ahora busca modificar la propuesta para protegerse, según sostienen fiscales y jueces.
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"Los poderes son independientes y no podemos quedar de rodillas o dejar que el Parlamento quede como un rehén en este asunto", dijo el diputado Fausto Pinato del Partido Progresista (PP), que apoya al presidente conservador Michel Temer.
"Tiene que haber una convergencia de la mayoría de esta comisión. Si no, es arrojar a este Parlamento a los leones (...). Aquí hay gente seria y voy a defender a mis pares", añadió.
El áspero debate coincide con una negociación entre los fiscales de la investigación Lava Jato (lavadero de autos) sobre el caso Petrobras y ejecutivos del grupo de ingeniería Odebrecht, que estuvo en el centro del escándalo, y que según los medios aportará nuevos nombres a la lista de sospechosos.
"Parece que hay muchas presiones acá", resumió el diputado Ronaldo Fonseca, del partido PROS (derecha).
Polémica
Entre las mayores polémicas figura la propuesta de tipificar y aumentar las penas para la llamada "Caja 2", donaciones de campaña no declaradas que sirven para encubrir delitos graves como el lavado de dinero de la corrupción.
Sin embargo, según una lectura que gana fuerza en el Congreso, ese endurecimiento podría eximir de culpa y cargo a quienes hayan incurrido en esa extendida práctica, porque ninguna ley se aplica retroactivamente.
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"Estoy radicalmente en contra de la amnistía de la 'Caja 2'. El financiamiento empresarial de las campañas estaba en la raíz de la corrupción", dijo el diputado Iván Valente del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).
También hay legisladores que buscan que los miembros de la Justicia puedan ser acusados de cometer "crímenes de responsabilidad", infracciones político-administrativas que hoy solo alcanzan al presidente y a sus ministros, a miembros de la Corte Suprema, al procurador general, a los gobernadores y a los secretarios de Estado.
Para el Poder Judicial, se trata de un intento de amedrentar a magistrados y fiscales.
