La dirigencia chavista acusó el miércoles a un puñado de opositores venezolanos -incluida la destituida diputada María Corina Machado- y al embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, de planear un golpe de Estado y magnicidio contra el presidente socialista Nicolás Maduro.
Acompañado por la plana mayor del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, oficialista), el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, exhibió ante la prensa cinco correos electrónicos de Machado y otros dirigentes opositores donde supuestamente discuten formas de acelerar una crisis política para derrocar a Maduro.
"Es hora de acumular esfuerzos, hacer las llamadas necesarias y obtener el financiamiento para aniquilar a Maduro y lo demás caerá solo", leyó Rodríguez en una comunicación que presuntamente Machado envió al exprecandidato presidencial, Diego Arria.
Rodríguez señaló a Whitaker como coordinador "en un golpe de Estado con complicidad de políticos y civiles venezolanos", en el que estarían implicados el banquero venezolano Eligio Cedeño, residente en Estados Unidos, y al expresidenciable Henrique Salas Römer, entre otros.
La primera dama de Venezuela, Cilia Flores, el alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello (derecha), durante una rueda de prensa este miércoles en la capital. (EFE)
"Se difunde ahora infamia en mi contra por 'alto mando político' del régimen", criticó en Twitter Machado, quien fue destituida el 24 de marzo por el PSUV tras ser acusada de actuar como delegada alterna del gobierno de Panamá en una audiencia ante la ONU.
El dirigente chavista afirmó que las protestas estudiantiles contra el gobierno desde hace más de tres meses "son una fase" del plan golpista y "de la acción violenta de la ultraderecha venezolana" que habría planificado "guarimbas (bloqueo de calles), golpe militar y magnicidio" contra Maduro.
"No nos vuelvan a decir que fueron protestas pacíficas y espontáneas", dijo el alcalde en alusión a las manifestaciones contra la crisis económica con una inflación cercana a 60% y la escasez productos básicos, que desde febrero dejan 42 muertos, unos 800 heridos y más de 150 personas detenidas.
Rodríguez emplazó al Departamento de Estado estadounidense y a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a emitir opinión sobre estas denuncias, y a que la Justicia intervenga en "esta denuncia política que lo único que persigue es prevenir estas acciones violentas".
La denuncia del chavismo surge cuando se espera una nueva votación en el Congreso de Estados Unidos sobre un proyecto de Ley para aplicar sanciones a funcionarios venezolanos incursos en violaciones contra los derechos humanos durante las protestas en Venezuela.
