“¿Promete cumplir lealmente las obligaciones del cargo de presidente de la Generalitat (gobierno regional) con fidelidad al pueblo de Cataluña representado por el Parlamento?”, preguntó la presidenta de la Cámara regional, Carme Forcadell, en una ceremonia en Barcelona.
“Sí, lo prometo”, respondió Puigdemont, periodista de 53 años, rompiendo así el protocolo habitual de las tomas de posesión de los presidentes regionales. Luego, el presidente saliente Artur Mas le impuso la medalla representativa del cargo, entre aplausos de los asistentes.
La ceremonia se celebró en una elegante sala del palacio gótico del centro de Barcelona, sede del gobierno regional. Centenares de personalidades asistieron al acto, entre estas, el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, con expresión grave y sin aplaudir.
Hacia la autonomía. Carles Puigdemont, investido el domingo por mayoría absoluta en el Parlamento autonómico, dominado por los separatistas tras las elecciones regionales de 27 de setiembre, quiere llevar a esta rica región con 7,5 millones de habitantes a declarar la independencia respecto a España en el 2017.
Su elección fue una solución de última hora para cerrar un pacto de gobierno entre los dos grupos independentistas, la coalición Juntos por el Sí (de izquierda y derecha) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP), que rechazaba a Mas por las políticas de austeridad entre el 2010 y el 2016.
En un guiño a estos sectores , Puigdemont se comprometió a mejorar las condiciones de vida y trabajo de la población, garantizar los servicios básicos y la calidad de los servicios públicos.
Sin embargo, el presidente denunció: “Estamos ahogados y humillados financieramente, estamos desatendidos por las inversiones del Estado, nuestra identidad está menospreciada. Nos falta la herramienta que nos garantice todo esto”.
En las próximas horas, Puigdemont designará su gobierno , formado por independentistas de distintas ideologías.
Este martes, se comprometió a “garantizar la solvencia jurídica” de todas sus decisiones, aunque su principal tarea será aplicar el plan contenido en una resolución parlamentaria de noviembre, que fuera suspendida por el Tribunal Constitucional: avanzar hacia la secesión, no someterse a las instituciones españolas y preparar la administración necesaria para asumir las competencias de un Estado en un plazo de 18 meses.
