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Madrid. AFP. La resolución independentista con la cual el Parlamento de Cataluña pretende iniciar su proyecto de separación de España, fue suspendida este miércoles por la Justicia a petición del Gobierno Central, a la vez que advirtió a sus promotores contra todo desacato en un contexto de creciente tensión política.
Después de varias horas de deliberación, el Tribunal Constitución admitió a trámite un recurso presentado por el gobierno de Mariano Rajoy contra la moción independentista aprobada el lunes por la Cámara regional, lo que implica su automática suspensión hasta que la instancia se pronuncie sobre su constitucionalidad.
La reacción del Gobierno catalán fue inmediata: “Nuestra voluntad política es seguir adelante”, dijo en rueda de prensa en Barcelona su vicepresidenta y portavoz, Neus Munté.
El Tribunal Constitucional había aceptado también advertir personalmente a 21 autoridades catalanas –entre ellas, la presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell, y el presidente saliente, Artur Mas– de las consecuencias de desacatar esta suspensión.
“Si incumplen la suspensión, podrían incurrir en un delito de desobediencia”, enfatizó la fuente judicial.
Quienes promovieron la resolución quieren “acabar con la democracia y el Estado de derecho (...), quebrar la unidad española y la convivencia”, sostuvo Rajoy en conferencia de prensa horas antes en Madrid.
“No lo voy a permitir” y “cuento con el respaldo de la inmensa mayoría de los españoles”, manifestó el mandatario, quien intenta erigirse como garante de la unidad de España a 40 días de las elecciones legislativas del 20 de diciembre.
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Rajoy: secesionistas quieren “acabar con la democracia”. | AFP (GERARD JULIEN)
Los independentistas, con una mayoría absoluta en el Parlament catalán tras las elecciones regionales del 27 de setiembre, quieren iniciar así un proceso que debe culminar con la proclamación en el 2017 de una república independiente.
La declaración, sin precedentes, declara que el Parlamento regional “no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, al que considera deslegitimado y sin competencia”.
“Una vez más hay una utilización por parte del Gobierno del Estado de la Justicia con tal de poner una mordaza a los anhelos de democracia y libertad de los ciudadanos de Cataluña”, declaró Munté tras la decisión del Constitucional.
La iniciativa de los independentistas “supone una declarada insumisión a las instituciones del Estado”, afirmó Rajoy luego de presidir un consejo de ministros extraordinario que aprobó el recurso. “La soberanía nacional le pertenece a todo el pueblo español y solo al pueblo español, una soberanía que no se puede dividir”, agregó.
Aun así, prometió una respuesta prudente mientras muchos temen que el conflicto se acelere en plena campaña electoral y con el Congreso español disuelto.
El presidente de Gobierno se reunió el martes durante una hora con el jefe de la oposición socialista, Pedro Sánchez, que le dio su apoyo para “defender la Constitución y la legalidad”.
El desafío de los independentistas “es de una gravedad extraordinaria”, afirmó Sánchez este miércoles en la televisión privada Telecinco.
Pero también denunció “la inacción” del gobierno de Rajoy durante cuatro años de auge del independentismo, alimentado en parte por la crisis, y reclamó “diálogo” y “una solución política” que, en su opinión, pasa por convertir España en un Estado federal.
Mientras el Gobierno preparaba su recurso, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, especializada en cuestiones de Estado, difundió un informe señalando que los responsables de la resolución y de su aplicación se exponían a causas penales por “sedición” o “desobediencia”, entre otras.
En este texto de 11 páginas precisa que podrían acarrear penas de hasta 15 años de prisión en el caso de sedición. Además, notifica a la Policía la obligación de advertir en un plazo de 24 horas a la Fiscalía sobre cualquier delito en este sentido.
Los independentistas catalanes ven con desconfianza un Tribunal Constitucional que desde el 2010 ha emitido numerosas sentencias desfavorables a las aspiraciones de secesión o mayor autonomía de esta región mediterránea.
Ese año, anuló numerosas competencias adquiridas por la región en un estatuto de autonomía aprobado en el 2006 y en el 2014 prohibió la celebración de un referendo de autodeterminación.
