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Foto del 3 de agosto de varios argelinos reunidos en una playa pública reservada para familias en la capital de Argelia. El traje de baño de las mujeres, común en los países islámicos, y bautizado como burkini, suscita todo un debate en Francia. (AFP)
París
La más alta instancia administrativa francesa se pronunciará este viernes sobre la prohibición del burkini en varias playas, decisión que suscita revuelo y controversia tanto en este país como en el extranjero, y divide inclusive al propio gobierno.
El caso fue estudiado este jueves por el Consejo de Estado, que anunció que emitirá su dictamen el viernes a las 15:00 (hora local), tras el recurso de varias organizaciones que presentaron el caso de una mujer musulmana que fue multada por portar un simple pañuelo en la cabeza en una playa.
Los tres jueces que componen el organismo deben pronunciarse en medio de un tenso debate sobre el lugar del islam en Francia, y fijar un marco legal sobre el uso de esta prenda.
Ante las divisiones a este respecto en su propio campo político, el presidente François Hollande llamó este jueves a no ceder a la "provocación" ni a la "estigmatización", sin pronunciarse sobre los textos de los decretos locales sobre el burkini.
El primer ministro Manuel Valls, que sí apoyó públicamente a los alcaldes que habían prohibido el burkini en nombre de la preservación del orden público, había declarado el jueves por la mañana que "todo lo que pueda presentarse como una estigmatización, una voluntad de ir contra el islam, es evidentemente condenable".
"No estamos en guerra contra el islam", insistió Valls, señalando que la República "protegerá" a los musulmanes "contra las discriminaciones" que puedan sufrir.
Pese a ello, consideró que "el burkini es un símbolo de proselitismo religioso que encierra a la mujer".
Por su parte, la ministra de Educación, Najat Vallaud-Belkacem declaró que "la proliferación" de ordenanzas contra el burkini no era "bienvenida" y aseguró que se trata de un "deriva política" que "libera el discurso racista".
Asimismo, la ministra de Salud, Marisol Touraine, dijo que teme una "estigmatización peligrosa para la cohesión del país".
"Esas ordenanzas no son una deriva", discrepó Valls. "Son una mala interpretación de las cosas. Esas ordenanzas han sido emitidas en nombre del orden público", agregó.
El miércoles de noche, el expresidente Nicolas Sarkozy, candidato a las elecciones primarias de la derecha, calificó al burkini de "provocación", y propuso prohibir también los signos religiosos en las empresas, administración, universidades.
Las dos organizaciones que recurrieron al Consejo de Estado, la Liga de Derechos Humanos y el Colectivo contra la Islamofobia (CCIF), lo hicieron tras una enésima ordenanza municipal contra el burkini en una localidad de la Costa Azul (sureste), que decidió prohibirlo a semejanza de otra treintena de ciudades costeras francesas en respeto de "las buenas costumbres y el laicismo".
La ordenanza en cuestión no utilizaba el término "burkini", pero apunta a esa vestimenta de baño islámica que cubre el cuerpo del cabello a los tobillos.
El texto fue validado por un tribunal administrativo local, que consideró la prohibición "necesaria, adaptada y proporcionada" para evitar problemas de orden público tras los últimos atentados en Francia, entre ellos el de Niza el 14 de julio, que dejó 86 muertos.
La justicia local señaló que este tipo de atuendo podía "verse como un desafío o una provocación que exacerba las tensiones ya presentes entre la población".
Esta nueva normativa "contribuye a legitimar a quienes ven a los franceses musulmanes como un cuerpo extranjero, fuera de la nación", afirmó la LDH a mediados de agosto.
La controversia volvió a estallar esta semana, después de que una mujer de 34 años que no llevaba el burkini, sino un velo, una túnica y leggings en la playa, fuera multada y obligada a quitarse la túnica.
Ahora, el Consejo de Estado tiene la última palabra sobre si las municipalidades tienen derecho a emplear a la policía en estos menesteres, para "garantizar el orden, la seguridad y la salubridad pública".
