Estambul
La purga de supuestos cómplices en el fallido golpe de Estado del viernes en Turquía alcanzó el martes dimensiones de represalia con la suspensión de 15.000 funcionarios de Educación, la prohibición de viajar al extranjero de los empleados públicos y la retirada de licencia a 24 emisoras.
“A partir de hoy, 15.200 empleados públicos han sido suspendidos del servicio y se inicia una investigación”, anunció en un comunicado el Ministerio de Educación.
La investigación se refiere a su supuesta pertenencia a las redes de simpatizantes de Fethullah Gulen, un predicador islamista exiliado en Estados Unidos, al que el Gobierno acusa del intento golpista.
Cuatro días después de la intentona, la maquinaria judicial se puso en marcha con la encarcelación provisional de 26 generales, entre ellos el exjefe del ejército del aire, mientras el primer ministro anunció que “no habrá venganza”.
Buscando tranquilizar a la comunidad internacional, el primer ministro, Binali Yildirim, negó el martes que haya “espíritu de venganza” contra golpistas, puesto que “una cosa así es absolutamente inaceptable en el Estado de derecho”.
Las imágenes mostrando atrocidades contra los soldados golpistas que se estaban rindiendo desataron una gran polémica, sobre todo en las redes sociales.
“El nivel de vigilancia y de atención será importante en los próximos días”, advirtió el lunes el secretario de Estado estadounidenses, John Kerry.
Prisión. Un tribunal de Ankara ordenó prisión preventiva para 26 generales y almirantes del ejército, entre ellos el exgeneral del ejército del aire Akin Ozturk.
En total, según Yildirim, 6.038 militares, 755 magistrados y 100 policías fueron detenidos.
Unos 9.000 funcionarios del ministerio del Interior, entre ellos policías y gendarmes, fueron despedidos.
El general Ozturk, que según algunos medios habría sido el cerebro de la intentona, niega las acusaciones. “No soy la persona que planificó o lideró el golpe. No sé quién lo hizo”, insistió el general, en un escrito al tribunal.
“Basándome en mi experiencia, creo que es la estructura paralela (en referencia a la red del predicador Fetullah Gulen) la que planeó este intento de golpe de Estado”, añadió.
El estado mayor dijo, por su parte, que “la aplastante mayoría de las Fuerzas Armadas turcas no tuvo absolutamente nada que ver” con la intentona golpista.
En relación a Gulen, Ankara dijo haber enviado informes a Washington por sus presuntos vínculos con el intento de golpe. Josh Earnest, portavoz de la Casa Blanca, no quiso calificar la presentación de dicha documentación como una "solicitud formal" de extradición, pero indicó que las autoridades estadounidenses revisarán los archivos presentados por las autoridades turcas.
Hasta ahora, las autoridades de Estados Unidos venían repitiendo que Turquía no había realizado ninguna petición en ese sentido y que, en cualquier caso, sería necesario que Ankara aporte pruebas sobre la implicación en la asonada de Gulen, que reside desde 1999 en el Estado de Pensilvania.
Al respecto, el primer ministro turco, Binali Yildirim, criticó a Estados Unidos por proteger a un "cabecilla terrorista".
"Enviaremos muchas pruebas. Pero quiero preguntar a nuestros amigos estadounidenses: ¿Pidieron ustedes pruebas al ir a por los terroristas que derribaron las Torres Gemelas el 11 de setiembre? ¿Pidieron pruebas para internar a sospechosos en Guantánamo?", declaró el jefe del Ejecutivo en una intervención parlamentaria.
Reiteró que su Gobierno no tiene "la más mínima duda" sobre quién organizó el fallido golpe y aseguró que la red gulenista "se ha ido extendiendo dentro del Ejército desde 1980".
La vasta operación destinada a acabar con la presunta influencia de Gulen se extendió a nuevos sectores. La “lista negra” de funcionarios se suma a los 8.777 empleados del Ministerio del Interior, la mayoría de ellos policías y gendarmes, y a otros 2.500 de otros organismos públicos que fueron el lunes apartados del cargo.
No solo los trabajadores públicos son afectados por la purga. A 21.000 profesores de escuelas privadas privados se les retiraron este martes sus licencias.
El total de trabajadores, públicos o privados, suspendidos a consecuencia del golpe llega a 49.337 personas, calcula el diario Hürriyet.
A través de las medidas excepcionales el gobierno prohibió a todos los funcionarios salir del país y ordenó el regreso inmediato de trabajadores públicos de vacaciones. El Consejo de Enseñanza Superior demandó la renuncia a más de 1.500 rectores y decanos de universidades públicas y de las que están vinculadas a fundaciones privadas, según la agencia progubernamental Anadolu.
Además, el Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía (RTÜK) canceló las licencias a “todas las emisoras de radio y televisión que hayan dado respaldo a los conspiradores golpistas”, una medida que afecta a 24 medios vinculados a Gulen.
"Vamos a desterrarlos de manera tal que ningún otro traidor, ninguna organización terrorista clandestina, o grupo terrorista separatista tendrá la audacia de traicionar a Turquía", declaró Yildirim en referencia a los partidarios de Gulen, a pesar de que horas antes había asegurado que no habría venganza.