Madrid
El jefe de Gobierno español, Mariano Rajoy, empezó este miércoles a aplicar el Artículo 155 de la Constitución en respuesta a la ambigua declaración de independencia del presidente catalán Carles Puigdemont.
Rajoy envió un requerimiento a Puigdemont para que aclare formalmente si declaró la secesión, primer paso para aplicar este mecanismo que le permitiría tomar el control de la región y nunca se usó plenamente.
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España es un país muy descentralizado y la Constitución adoptada en 1978 confiere a sus 17 comunidades autónomas amplios poderes en materia de salud y educación, por ejemplo.
Pero incluye una disposición que permite al poder central intervenir directamente en los asuntos de una región en caso de crisis.
En el caso de la crisis catalana, la más grave desde el regreso de la democracia en España, el Tribunal Constitucional falló que el referendo de autodeterminación llevado a cabo por el Ejecutivo catalán el 1.° de octubre fue inconstitucional.
Los independentistas dicen haberlo ganado con el 90,18% de los votos y planean una declaración unilateral de independencia.
Para bloquearla, el Gobierno central podría echar mano del artículo 155 de la Constitución.
Jamás utilizado, permite tomar "las medidas necesarias para obligar" a una comunidad autónoma "al cumplimiento forzoso" de sus obligaciones.
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En 1989, el entonces presidente, el socialista Felipe González, no fue más allá del requerimiento al líder de las islas Canarias por un asunto de aranceles, que acabó solucionándose con negociaciones y sin suspensiones.
Sin especificaciones
El artículo no especifica cuáles son esas "medidas necesarias", de ahí la incertidumbre en torno a su eventual aplicación.
Según los juristas consultados por la AFP, permitiría tomar el control de los órganos políticos y administrativos de la comunidad autónoma rebelde, implicaría la suspensión temporal de la autonomía de la región, y podría significar la sustitución de funcionarios y cargos electos.
El presidente independentista de Cataluña, Carles Puigdemont, podría entonces ser reemplazado por el delegado de Gobierno español en Cataluña, principal representante del Estado en la región.
Al mismo tiempo, el Gobierno central podría asumir competencias trasladas a Barcelona como el orden público y los servicios públicos, poniendo a los Mossos d'Esquadra (policía catalana) a las órdenes del ministerio de Interior e incluso cerrando el Parlamento.
Finalmente, el gobierno central podría convocar elecciones regionales.
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Pero sectores de la población catalana podrían resistir a esta toma de control, agravando las tensiones.
El jefe de Gobierno español no puede activar unilateralmente el artículo 155.
Debe ordenar primero al presidente de la región concernida volver al orden constitucional. Eso mismo ha hecho este miércoles al "requerir formalmente al gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia" y pedir que vuelva a la legalidad.
Si esto no ocurriera, Rajoy iría al Senado, donde su formación, el Partido Popular (PP, conservador), es mayoritaria, para informarle de las "medidas extraordinarias" que piensa tomar.
Los letrados piensan que, en este caso, primero se tendría que reunir una comisión del Senado y luego, todos los senadores en sesión plenaria. Si una mayoría absoluta aprueba el plan, Rajoy tendría las manos libres para aplicarlo.
Pero el proceso podría tomar tiempo, de una semana a 10 días, según un senador consultado por AFP.
Además del Artículo 155, el Gobierno cuenta con otras herramientas a su disposición. Podría decretar el "estado de alarma", el "estado de excepción" o el "estado de sitio".
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La aplicación de alguno de esos instrumentos puede principalmente afectar la libertad de circulación o de reunión.
Por último, la ley de "seguridad nacional" promulgada en el 2015 permite al Gobierno decretar que el país se encuentra en una "situación de interés para la seguridad nacional".
Según Mariano Rajoy, este procedimiento es una "figura intermedia" para situaciones entre "crisis ordinarias" y "estados de alarma, excepción y sitio". Permite legislar por decreto y, por ejemplo, controlar directamente a la policía catalana.
También, finalmente, dejar que las causas judiciales contra dirigentes catalanes sigan su curso hasta una posible condena que significaría su inhabilitación.