Convocados por el gobierno catalán del nacionalista Artur Mas, unos 5,4 millones de habitantes de la región están llamados a responder a dos preguntas: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado? ¿Quiere que este Estado sea independiente?”.
El Tribunal Constitucional, a instancias del Gobierno español, ordenó en dos ocasiones la suspensión cautelar de la votación, mientras se pronuncia sobre su legalidad.
Madrid ve en este voto un referendo encubierto y la Constitución –insiste– no permite a las regiones organizar un plebiscito que cuestione la unidad del país.
Consulta informal. Mas, que consiguió la reelección en el 2012 con la promesa de dicha consulta en una región donde crece el independentismo, pasó por alto las consideraciones del Constitucional. Según él, la consulta, organizada por voluntarios, no incurre en la ilegalidad porque no es un referendo.
La votación del domingo es un nuevo episodio, aunque quizá no el último, de la escalada de tensión entre Madrid y Barcelona, las metrópolis de una región que produce casi una quinta parte de la riqueza nacional.
En el 2010, una decisión del Tribunal Constitucional desató la ira de los nacionalistas, en una Cataluña impactada de lleno por la crisis económica.
La ira catalana. Los magistrados impugnaron parcialmente un estatuto de autonomía negociado con Madrid y aprobado en referendo en el 2006, al privar de valor jurídico el concepto de “nación catalana” reconocido en el texto.
Mas intentó, sin éxito, obtener de Madrid un mejor régimen fiscal, que permitiera a Cataluña recaudar y gestionar sus propios impuestos.
Ante su intransigencia, prometió consultar a la población sobre sus aspiraciones independentistas. Sin mayoría absoluta tras las elecciones del 2012, su gobierno depende del apoyo de los independentistas radicales de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que empujan hacia la ruptura con Madrid.
Aunque el gobierno regional modificó la organización del escrutinio, al renunciar a utilizar un censo oficial y a crear una comisión electoral, para Madrid y el Tribunal Constitucional la votación del domingo sigue siendo un referendo.
Sin embargo, tanto el Gobierno Central español como el regional catalán parecen querer evitar una confrontación.
Puerta abierta. El ministro de Justicia, Rafael Català, dejó la puerta abierta a permitir la votación si el ejecutivo catalán no participa en ella. “El ejercicio de cualquier libertad, del derecho de expresión de los ciudadanos, eso nadie lo va a impedir”, dijo el jueves.
Según una fuente del ejecutivo regional, este, que ya envió las urnas y las papeletas, dejará “la ejecución” de la jornada a 41.000 voluntarios, a quienes dio las instrucciones necesarias.
Pese a todo, la número dos del Gobierno español advirtió a Mas: “lo que no puede pretender es que lo hagan otros y asuman las responsabilidades de este proceso”.
La consulta es simbólica y, según sus detractores, poco creíble ya que solo los independentistas acudirán a las urnas. Según los últimos sondeos, cerca del 50% de los catalanes apuesta por esta opción, a pesar de la inquietud de las grandes empresas que temen perder los mercados español y europeos.
Una alta participación reforzaría la posición de Artur Mas, de 58 años, ante Madrid. Los resultados se esperan el lunes, día a partir del cual se comprometió a escribir al jefe del Gobierno español Mariano Rajoy para retomar las negociaciones.
Estas podrían llevar a un pacto fiscal y una consulta que permita a los catalanes pronunciarse formalmente sobre una eventual secesión, como ocurrió en Escocia el 18 de setiembre.
Entonces, los escoceses dijeron “no” a la independencia. Hasta el momento, Rajoy dice “no” al referendo.
