“En setiembre se alcanzará un nuevo récord de llegadas para este año”, dijo el ministro de Interior, Thomas de Maizière, al anunciar el nuevo paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros.
Si la tendencia se mantiene, según el Gobierno, el año que viene podría alcanzarse de nuevo la cifra de 800.000 personas que se prevé que se registre durante este año.
Solo a la ciudad de Passau, fronteriza con Austria, llegaron ese día 10.000 migrantes, según la Policía Federal, encargada del control de las fronteras.
La situación ha generado un cúmulo de críticas a la canciller Merkel, especialmente de parte de sus socios bávaros de la Unión Socialcristiana (CSU), pero también dentro de su propio partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU).
Las reformas aprobadas cumplen con algunas de las exigencias de los críticos al acelerar el proceso para el reconocimiento de asilo y reducir el número de posibles candidatos.
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Así, Albania, Kósovo y Montenegro pasan a ser países de origen “seguros”, lo que deja a sus nacionales casi sin oportunidades reales de acogerse al asilo en Alemania.
“Es una manera de decirles a los que quieran venir de esos países que no se pongan en camino, ya que tendrán que retornar a casa”, dijo De Maizière.
Las tasas de aceptación de los demandantes de asilo de estos países estaba ya por debajo del 1 %, según cifras de la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (BAMF), ya que se estima que los motivos de su emigración son meramente económicos.
Inmigrantes llegados el martes a la isla de Lesbos, Grecia. | AFP (ARIS MESSINIS)
El paquete aprobado también contempla reducir al máximo el dinero en efectivo que se entrega a los peticionarios de asilo y aumentar todo lo que sea posible las ayudas en especie, en bienes concretos y servicios, medidas restrictivas cuestionadas por las ONG al considerar que suponen recortes de derechos fundamentales.
No obstante, las reformas se quedan cortas para los críticos más duros, sobre todo de Baviera y del este de Alemania, donde se ha llegado a plantear que no se esté obligado a pagar el salario mínimo a los refugiados que consigan un puesto de trabajo.
Esta última petición fue rechazada el martes por la propia Merkel ante sus compañeros de escaño, durante la reunión del grupo parlamentario de la CDU celebrada en Berlín.
El Gobierno ha justificado las reformas legales con la necesidad de centrar los esfuerzos en ayudar a aquellos que realmente tienen derecho al asilo y en acelerar su integración.
