La presidenta del Congreso salvadoreño, Lorena Peña, dijo el martes que la implementación de un estado de sitio por la escalada de violencia que vive el país "está justificado", y que este puede generar las "condiciones" para el desarrollo de los planes de seguridad.
"La implementación del estado de sitio está justificada" , sostuvo la diputada del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en una entrevista con la radio local 102.9.
Los presidentes de los tres órganos de Estado se reunieron el lunes para valorar la posible aplicación de medidas extraordinarias de seguridad para tratar de frenar el recrudecimiento de los asesinatos en El Salvador, entre estas el estado de sitio.
La Policía salvadoreña registró 1.537 asesinatos entre el 1 de enero y el pasado domingo 6 de marzo, un 113,5 % más que en el mismo periodo del 2015.
¿Por qué sí? Peña apuntó que decretar "el régimen de excepción no resuelve nada" , pero propiciará las "condiciones para que el Gobierno lleve a cabo sus planes de seguridad" o le permitirá realizar capturas, allanamiento e intervención de las comunicaciones "sin orden judicial" .
Advirtió de que la medida también conlleva la suspensión de garantías constitucionales, como el de libre reunión y movilización.
"La gente pide un estado de sitio, yo estoy de acuerdo, pero la ciudadanía debe ser consciente de las implicaciones", expuso.
Agregó que "es mejor vigilar que no haya errores de los soldados (violaciones a derechos humanos) que permitir 11 muertos en una mañana" , en referencia a la masacre de 11 trabajadores perpetrada por la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) el 3 de marzo y que fue ordenada desde 2 cárceles, según las autoridades.
La Constitución salvadoreña establece que "en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público, podrán suspenderse las garantías", y que "tal suspensión podrá afectar la totalidad o parte del territorio de la República".
El artículo 29 señala que la implementación del estado de sitio "se hará por medio de decreto del Órgano Legislativo o del Órgano Ejecutivo" , mientras que el número 30 apunta que este no puede exceder los 30 días.
Por su parte, el portavoz del Gobierno, Eugenio Chicas, sostuvo el martes en referencia al estado de sitio que "una decisión de esa naturaleza tiene importantes implicaciones jurídicas, políticas, económicas, sociales" y, "por lo tanto, es un tema que debe de discutir a conciencia con cada uno de los poderes del Estado".
El presidente Salvador Sánchez Cerén manifestó el lunes que "no queda otro camino" para combatir a las pandillas que la "guerra" , y que en su gobierno "no hay espacio para diálogo" o para "treguas" .
El mandatario ofreció esas declaraciones en una conferencia de prensa en la que dieron detalles sobre la masacre de los 11 trabajadores perpetrada el 3 de marzo por pandilleros.
