Madre de cuatro hijos, Cáceres había denunciado varias veces que era objeto de amenazas de muerte por parte de la Policía, el Ejército y grupos de terratenientes.
“Los asesinos entraron en la madrugada a su casa y la mataron”, señaló en un comunicado Tomás Membreño, miembro del Consejo Indígena.
Refirió que los individuos rompieron la puerta de la vivienda, ingresaron y le dispararon, en un hecho en el que resultó herida de bala una mexicana aún no identificada y quien está fuera de peligro.
Amnistía Internacional señaló que el asesinato muestra “una aterradora imagen de los peligros” que enfrentan los defensores de derechos humanos y exigió a las autoridades dar con los responsables.
La ministra de Derechos Humanos, Karla Cueva, dijo que “el Estado puso en marcha una intensa investigación para identificar, enjuiciar y castigar a los asesinos de Cáceres” y aseveró que “este crimen no puede quedar sin castigo”.
El presidente Juan Orlando Hernández condenó el asesinato. “Este hecho nos enluta a todos los hondureños”. Más tarde, el Gobierno designó a más de 12 expertos para la investigación.
Protección. El coordinador general del Gobierno, Jorge Alcerro, dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado a Cáceres medidas cautelares por las amenazas, pero no explicó por qué estaba sin protección.
“Inicialmente, le asignamos policías para protegerla, pero ella nos pidió que fuese retirado ese servicio porque le molestaba”, afirmó el ministro de Seguridad, Julián Pacheco.
El Centro para el Derecho y la Justicia Internacional (Cejil), organismo adscrito al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, condenó el asesinato y desmintió al ministro Pacheco.
“Desmentimos que Berta Cáceres renunciara a las medidas de protección y resaltamos la deficiente protección que se le brindó”, sostuvo el organismo.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) señaló que Cáceres “se había movido a una casa de seguridad tratando de protegerse de los militares y los secuaces de los inversionistas de las represas”.
Berta “había recibido reiteradas amenazas de muerte por acompañar las luchas de defensa de su pueblo. También sufrió persecución política y órdenes de detención”, dijo el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh), que ella coordinaba.
Contra un gigante. Por su campaña contra un polémico proyecto hidroeléctrico, financiado por el Banco Mundial, obtuvo en el 2015 el premio Goldman, que se concede anualmente a defensores de la naturaleza y el medio ambiente.
En esa oportunidad, Cáceres organizó al pueblo lenca, la mayor etnia de Honduras, para protestar contra una represa.
La campaña logró que el constructor más grande de represas del mundo, la compañía estatal Sinohydro de China, retirara su participación en el proyecto hidroeléctrico. La Corporación Financiera Internacional, institución del Banco Mundial que invertiría en la obra, también abandonó la iniciativa.
La represa se construiría sobre el río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas y vital para la supervivencia de esos pueblos.
Los lencas, con más de 400.000 miembros diseminados en Honduras y El Salvador, se consideran custodios de la naturaleza, la tierra y, sobre todo, de los ríos. Según la tradición lenca, en los ríos residen los espíritus de sus mujeres, que son sus principales guardianas.
