Cuando llegó a Guatemala a finales del 2013 para ocupar el cargo como comisionado de la Cicig, e l abogado colombiano Iván Velásquez Gómez no tenía sospechas del impacto que dejaría a su paso.
Al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ( Cicig), el organismo adscrito a Naciones Unidas que investiga el crimen organizado desde el 2007, ha mantenido en vilo al país centroamericano.
Velásquez es el responsable de la investigación que puso tras las rejas al exmandatario Otto Pérez Molina y a su entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, como parte del caso La Línea, una red de contrabando en aduanas.
En Colombia se le conoce como el “magistrado estrella” por investigar la relación de políticos con paramilitares y enviar a prisión a unos 60 congresistas.
En Guatemala es considerado un héroe, le llaman “el San Iván de la Justicia”. El 4 de setiembre —cuando Pérez Molina renunció y quedó detenido— la cuenta de Twitter de Velásquez se convirtió en un muro de elogios.
“No me siento extranjero en Guatemala porque soy ciudadano de América Latina”, afirma.
El abogado colombiano respondió a La Nación vía telefónica el lunes 26 de octubre. Esta es su voz determinada y apacible:
¿Qué ha cambiado en Guatemala en los últimos seis meses?
Creo que hay algo muy importante y es la reacción ciudadana. El hecho de que se hubieran producido esas manifestaciones a partir del 25 de abril (2015) y se sostuvieran durante tantas semanas es de lo más destacable porque como que genera esperanzas, la confianza en que es posible que la sociedad se interese en lo asuntos del Estado lo que es una de las necesidades que se tienen siempre en la construcción de Estados democráticos. Lo que me parece necesario es que esa reacción espontánea se consolide y se organice efectivamente.
¿Qué tan fuertes considera a las instituciones públicas en Guatemala para asumir la tarea de la lucha contra la corrupción?
Creo que ese es un proceso en construcción. La misma presencia de la Comisión desde el momento en que fue solicitada a Naciones Unidas, inicialmente cerca del 2002, lo que hay en el centro del acuerdo es la contribución al fortalecimiento institucional del país. Creo que los acontecimientos han ido demostrando que se ha mejorado en ese aspecto y que se está en un proceso de construcción de institucionalidad firme. Lo que se requiere consolidar en el Ministerio Público y en el Organismo Judicial es el tema de la independencia; creo que es uno de los retos principales que existe.
¿La Cicig tuvo apoyo suficiente de las entidades para efectuar la investigación de La Línea?
Con el Ministerio Público actuamos hombro a hombro. Con el apoyo de la Fiscala General y de los fiscales del caso hemos estado en esta investigación con colaboración mutua.
¿Y tuvieron inconvenientes con la solicitud de información?
Desde el Ejecutivo no ha habido mayor colaboración, ni siquiera con lo que ahora ha dicho la exintendente de Aduanas: que ella había colaborado con la investigación; realmente no hubo apoyo. Esto era algo que yo le había pedido al presidente Otto Pérez , en la conversación a la que él ha hecho muchas veces referencia de enero o febrero del 2014, que si el Gobierno estaba de acuerdo con una investigación de esta naturaleza era el que disponía de la mayor información. Para esa época, había una intervención militar que permitía obtener mucha información de Inteligencia que nunca fue compartida con la Cicig ni con el Ministerio Público.
Cuando la Cicig empezó a investigar el caso de La Línea, ¿sospechaba el apoyo ciudadano que iba a tener?
Creo que nadie tenía ni siquiera sospechas de que la sociedad pudiera reaccionar como lo hizo. Creo que ni siquiera la misma sociedad tenía esa sospecha. Días anteriores al tema de La Líne a, el 16 de abril, ya había indignado tanto a muchos sectores de la sociedad el tema de la descontaminación del lago de Amatitlán , un caso de corrupción que también estamos investigando, pero que todavía no hemos presentado un resultado ante los jueces. Esa indignación que se generó probablemente fue lo que sirvió para que luego, al evidenciar el caso La Línea, se produjera una reacción y que llegara a las dimensiones que llegó. Creo que ni la Fiscala General ni el Gobierno mismo ni las organizaciones sociales y menos nosotros, llegamos a considerar la posibilidad de una reacción tan numerosa y permanente a partir del 16 abril.
Y las redes sociales también tuvieron un peso importante.
Indudablemente, las redes sociales permitieron que ese movimiento social se generara de esa forma: sin un liderazgo definido y sin que nadie pudiera apropiarse de ese movimiento, que es algo también que se ha resaltado, la espontaneidad del movimiento. Creo que ahora es indispensable que la sociedad se organice.
¿Tiene noción de que es considerado para muchos como un héroe en Guatemala?
Me parece que hay hechos en la vida de las personas y en la vida de las sociedades que permiten que se destaque una actuación como la de ahora, pero creo que no podemos ni confundirnos ni permitir que nadie se confunda porque todo esto es un proceso de construcción del que es casi fundamentalmente responsable la propia sociedad.
”Cuando se traslada la posibilidad de acción de la sociedad a una persona, se corre el riesgo de que entonces la sociedad sea inactiva, que no participe como debe participar y espere que alguien externo, un salvador, vaya a transformar la realidad; y la realidad la cambia la propia sociedad. Entonces valoro y agradezco los reconocimientos que hacen, pero si se quiere trascender en el proceso de reconstrucción de un país, creo que los ciudadanos no pueden olvidar que la responsabilidad está en ellos”.
¿Qué opina de quienes criticaron a la Cicig, diciendo que propiciaba un show mediático?
En general, las críticas que se hacen a la Comisión, estas del show mediático, si uno ve de donde parten todos son de afectados por las investigaciones. Cada uno reacciona de la manera como considere para deslegitimar las acciones que se realizan en su perjuicio. Aunque también hay otras críticas más del pasado que del presente, las que se refieren a la intervención extranjera y a la pérdida de soberanía; esas también, en mayor medida, eran de personas que se sentían afectadas en el momento.
¿Considera que los jueces que le han dado seguimiento al caso La Línea están haciendo bien su trabajo? ¿Qué opina de que a Otto Pérez se le concedieran privilegios como la posibilidad de tener una computadora y una televisión en la cárcel?
Creo que los jueces están actuando muy responsablemente, con objetividad. Creo en que finalmente en la decisión de ellos es que va a concluir todo esto porque tenemos que esperar luego cuáles son, en los juicios, las sentencias que adopten . Temas como este de los privilegios por lo que entiendo el juez del caso Miguel Ángel Gálvez le pidió al sistema penitenciario explicaciones porque él no había dado autorización para la entrega de todos estos elementos que el expresidente había solicitado y el juez está en ese trámite en estos momentos. Espero que si halla alguna irregularidad, lo ponga en conocimiento del Ministerio Público.
¿Otros países deberían adoptar el modelo de la Cicig?
Creo que cada país tiene que reflexionar sobre la clase de justicia que tiene y sobre la clase de justicia que necesita y que, en esa reflexión, cada país defina si requiere o le resulta más provechoso o más útil buscar una cooperación internacional con una comisión como la Cicig. La manera en la que funciona la Cicig en Guatemala permite que sin lesionar la soberanía se pueda actuar en otro país que lo requiera, dado niveles de ineficiencia o de falta de independencia de sus órganos de investigación o judiciales.
¿Hay más pendientes en la investigación del caso La Línea?
Falta mucho en todo. En lo que tiene que ver con La Línea esta es apenas una modalidad de corrupción en el sistema aduanario-tributario de Guatemala; es apenas una pequeña parte de todo el gran engranaje de corrupción. Hay muchos otros aspectos en esa misma área que necesitan investigación en el país. Creo que hay bastantes temas que se deben investigar, en muchos de esos ya estamos, pero como he venido insistiendo, la corrupción se advierte como estructural y, por lo tanto, no puede ser atribuida ni se limita a un gobierno particular, sino que ha sido también un proceso de construcción y de ir adquiriendo solidez en la medida en que va penetrando en todas las instituciones del Estado y va capturando al Estado. Ahora hay que hacer el proceso contrario, el proceso de liberación del Estado de las estructuras criminales.
¿Qué señales nos está dando Guatemala al elegir como presidente al comediante Jimmy Morales?
Si lo planteáramos desde un poco antes de las votaciones en primera vuelta podríamos decir que hubo una reacción social frente al manejo de la clase política. Finalmente ocurrió que pasan a segunda vuelta dos candidatos que por primera vez aspiraban a la presidencia y que no había sido ninguno de los dos el que había quedado de segundo en la elección anterior. lo cual era una tradición en Guatemala, que el derrotado en una elección era el presidente de la elección siguiente. Desde esa perspectiva hay una reacción ciudadana que calificaría como favorable. Ya en la elección de Jimmy Morales siempre se genera una expectativa y la esperanza por su insistencia de que el suyo va a ser un gobierno contra la corrupción y que efectivamente se pueda desarrollar y ejercer en esos términos.
¿Temió que el plazo de la Cicig no se fuera a renovar este año?
Sí, incluso elaboramos un plan de trabajo que significaba el cierre de la Comisión el 3 de setiembre y que implicaba que las investigaciones en las que estábamos involucrados debían estar concluidas antes de julio del 2015.
¿Ha recibido alguna amenaza en Guatemala?
No, no he recibido amenazas.
¿Volvería a ejercer como ab gado en Colombia?
Tengo la esperanza de volver pronto a seguir ejerciendo mi profesión de abogado.