Católicos convocados por la Iglesia marcharon el jueves, en San Salvador, para oponerse a la actividad minera. (AFP)
San Salvador
Unas 2.000 personas encabezadas por el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, marcharon este jueves en la capital de El Salvador para exigir al Congreso la aprobación de una ley que prohíba la explotación de la minería metálica.
"No a la minería metálica, sí a la vida", "el agua es vida, la minería, muerte", decían algunas de las leyendas escritas en pequeños carteles que portaban los demandantes.
Los manifestantes se concentraron en un céntrico parque de San Salvador para luego marchar hacia la sede del Congreso.
Una comisión del legislativa estudia desde el 2009, sin mayores avances, una propuesta de ley contra la minería metálica.
El arzobispo de San Salvador presentó a principios de febrero un anteproyecto de prohibición de explotación minera en su país con el objeto de protegerlo contra la grave contaminación del medio ambiente
"Nosotros siempre vamos a estar a favor de la vida, de la defensa del medio ambiente y estamos exigiendo a los señores diputados que hagan valer los derechos de todos y no se permita proyectos mineros en el país. Necesitamos una ley que nos proteja, declaró Escobar.
A la marcha, convocada por la Iglesia católica, acudieron estudiantes de secundaria, miembros de organizaciones ambientalistas y defensores de los derechos humanos.
Una marcha en rechazo a la minería en El Salvador recorrió el jueves varias calles de San Salvador. (AFP)
El rector de la Universidad Centroamericana (UCA, jesuita), Andreu Oliva, recordó que "ya hay un precedente" de "una victoria legal" del Estado salvadoreño sobre una empresa minera internacional, y consideró que eso "debe servir de ejemplo a otras empresas mineras para que se lo piensen, pues en el país no se va a permitir se explote y contamine".
El Tribunal del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial (BM), con sede en Washington, ordenó a Pac Rim Cayman LLC, filial de OceanaGold, compensar al Estado salvadoreño con $8 millones por los costos legales del proceso, que duró siete años.
Este jueves, el presidente del Congreso, Guillermo Gallegos, se comprometió ante el arzobispo a realizar gestiones para que se "avance en la discusión y posterior aprobación" de una ley contra la explotación de minería metálica.
