Los empresarios guatemaltecos Francisco José y Estuardo Valdés Paiz, que quedaron en libertad condicional el viernes, serán enjuiciados por la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, ocurrida el 10 de mayo de 2009, informó hoy una fuente judicial.
El juez Óscar Sagastume, titular del juzgado Tercero de Instancia Penal, ordenó la libertad tras el pago de una fianza de 62.500 dólares a cada uno, pero también decidió que enfrenten un juicio por el crimen del jurista.
Los hermanos Valdés Paiz, quienes guardaban prisión desde junio de 2010, son acusados por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de haber contratado a los sicarios que asesinaron a Rosenberg, cuyo crimen generó una grave crisis de gobernabilidad al entonces presidente Álvaro Colom.
Según la investigación realizada por la Cicig, Rosenberg, un prestigioso abogado de 42 años, agobiado por “ una profunda depresión ” , planificó de forma deliberada todos los detalles de su muerte.
Además, hizo creer a sus íntimos amigos Francisco José y Estuardo José Valdés Paiz que alguien le extorsionaba y les pidió ayuda para eliminarlos.
Los Valdés Paiz, según la Cicig, contrataron a unos sicarios y los pusieron en contacto con Rosenberg, quien planificó su propio asesinato, el cual fue ejecutado el 10 de mayo de 2009.
Tres días antes de ser asesinado, con la ayuda del periodista Mario David García y el abogado Mario Fuentes, Rosenberg grabó un vídeo en el que hizo serios señalamientos de corrupción en contra del Gobierno y un grupo de empresarios, y responsabilizó de su muerte al presidente Colom, la primera dama, Sandra Torres, y el secretario privado del mandatario, Gustavo Alejos.
En julio de 2010, un tribunal penal condenó a 38 años de prisión a once hombres acusados de integrar la banda de sicarios que asesinó a Rosenberg.
Según la resolución judicial, los hermanos serán enjuiciados por complicidad en el crimen del jurista.
El próximo 7 de agosto está prevista una audiencia de recepción de pruebas, tras lo cual se tendrá que designar a un tribunal para el juicio oral y público.
Los dos empresarios quedaron arraigados, es decir que no pueden salir de Guatemala, tienen custodia policial y deberán presentarse todas las semanas al juzgado a firmar un libro para asegurar su presencia en el país.