La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este lunes la destitución de 28 congresistas opositores en Nicaragua e instó a respetar sus derechos políticos, luego de decisiones que bloquearon las aspiraciones políticas de detractores del presidente Daniel Ortega.
La CIDH "expresa su preocupación ante la destitución de los diputados de oposición en Nicaragua, y urge al Estado a adoptar todas las medidas que sean necesarias a fin de garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos en el país", según un comunicado.
El 29 de julio, el tribunal electoral de Nicaragua, afín a Ortega, ordenó la destitución de 28 diputados que habían desconocido sentencias de la máxima corte nicaragüense, que dejaron fuera de las próximas elecciones presidenciales a una coalición opositora.
Esas maniobras dejaron a Ortega sin oposición real, mientras busca ganar el 6 de noviembre su tercer mandato sucesivo y cuarto desde la revolución que encabezó de 1979 a 1990.
La CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que "las personas elegidas por voto popular para ejercer el cargo de diputado fueron reemplazadas por una decisión judicial emitida en un contexto político de año electoral".
Derechos políticos. Para el organismo, la situación pone una sombra sobre el respeto a los derechos políticos, como el derecho al voto y a la participación política en Nicaragua.
"El derecho al voto implica que los ciudadanos puedan decidir directamente y elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán", indicó la Comisión.
El órgano con sede en Washington también afirmó que los ciudadanos deben poder "postularse como candidatos en condiciones de igualdad".
Para la CIDH, los derechos políticos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones, pero advirtió de que las medidas contra los legisladores podrían constituir una restricción "indebida".
"Si la decisión de destitución tiene como resultado que autoridades electas por el mandato del voto no pueden terminar de ejercer el cargo en el período para el cual fueron electas, dicha decisión podría constituir una restricción indebida al ejercicio de los derechos políticos", indicó en la nota.
Las decisiones de las autoridades electorales y judiciales contra la oposición no habrían tenido impacto en la opinión pública, y Ortega lidera las preferencias para las elecciones.
