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Manila
La campaña del presidente filipino Rodrigo Duterte por el restablecimiento de la pena de muerte ha salvado un obstáculo en el Congreso, donde el proyecto de ley -considerado "inhumano" por la oposición- recibió respaldo.
El texto contempla bajar a los nueve años la edad de responsabilidad penal y es uno de los pilares de la guerra emprendida por el presidente contra la droga que ha causado más de 6.500 muertos.
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Una mayoría de los diputados de la cámara baja adoptó el texto en segunda lectura el miércoles por la noche. Se necesita un voto en tercera lectura para su adopción, prevista la semana que viene. No se debatirá más y su aprobación es una mera formalidad.
El Senado, dominado por los simpatizantes de Duterte, adoptará un texto similar.
"Hemos superado la principal dificultad", declaró a la AFP el diputado Reynaldo Umali, defensor del restablecimiento de la pena capital 11 años después de su abolición.
La oposición ha puesto el grito en el cielo por considerar que podría desembocar en la ejecución de inocentes, entre otros factores debido a la corrupción del sistema judicial.
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"Esta decisión es inhumana, vergonzosa y burdamente irrespetuosa", declaró el sacerdote Jerome Secillano, secretario de relaciones públicas de la conferencia episcopal católica, en un comunicado enviado a la AFP.
"Los criminales tienen que ser castigados y las víctimas ayudadas, pero el castigo no debe ser la muerte. A causa del mal funcionamiento y los defectos de nuestro sistema penal, el riesgo de que personas inocentes acaben siendo víctimas de errores judiciales es muy alto".
La Iglesia católica, que cuenta con 80% de fieles entre la población, lideró la campaña para la abolición de la pena capital en 2006.
El padre Secillano y los diputados de la oposición protestan por la táctica empleada para votar la ley, con límites en el tiempo de debate y garantías de anonimato en el voto.
El presidente de la cámara amenazó además a algunos diputados con echarlos de las comisiones parlamentarias.
"Es una cámara de títeres y de cabecillas", denunció Edcel Lagman, un opositor al proyecto.
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El texto restringe la aplicación de la pena de muerte a los delitos relacionados con el tráfico de droga. Las personas en posesión de 500 gramos de marihuana o 10 gramos de cocaína, heroína o éxtasis se exponen a ser ejecutadas, al igual que las que produzcan o vendan droga.
Las personas que cometan crímenes graves, como asesinatos o violaciones, bajo la influencia de la droga también pueden ser condenadas a la pena capital, pero los violadores o asesinos que no hayan consumido este tipo de sustancias sólo irán a la cárcel.
El texto prevé la horca, una inyección letal o el pelotón de ejecución.
Duterte ganó las presidenciales con la promesa de erradicar el narcotráfico.
Desde la investidura de Duterte en junio, la policía anunció haber matado en legítima defensa a más de 2.500 traficantes o toxicómanos. Más de 4.000 personas murieron en circunstancias turbias.
Los defensores de los derechos humanos acusan al gobierno de presidir una campaña de abusos generalizados. Amnistía Internacional considera que estos asesinatos son crímenes contra la humanidad.
Rodrigo Duterte goza del apoyo de muchos filipinos que estiman justificado combatir el crímen con medidas extremas.
