El papa Francisco nombró al argentino José Luis Mollaghan, arzobispo de Rosario (Argentina), como miembro de la comisión encargada de examinar los recursos de curas acusados de "delitos graves", entre ellos pederastia, informó este lunes el Vaticano.
La comisión formará parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe y se encargará de examinar los recursos eclesiásticas por "delicta graviora", es decir delitos particularmente graves para la Iglesia católica, indicó en un breve comunicado la Santa Sede.
Reconocido especialista en derecho canónico, Mollaghan, de 68 años, trabajó en la década del 90 varios años con el actual pontífice en Buenos Aires, fue secretario de la Conferencia Episcopal argentina y delegado ante el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).
Las denuncias contra sacerdotes se han multiplicado desde el 2000, año en que estallaron una serie de escándalos en Estados Unidos y Europa por los abusos sexuales a menores cometidos por décadas por sacerdotes.
Tales denuncias han obligado a las autoridades vaticanas a abrir numerosas investigaciones judiciales internas y pese a que por años parte de los casos fueron encubiertos, otros han resultado infundados o calumnias.
Desde el año 2001, la Congregación para la Doctrina de la Fe se encarga de investigar los delitos graves, sobre todo aquellos por la pedofilia de los curas, por decreto de Juan Pablo II.
Francisco creó este año también una comisión de expertos internacionales para la protección de los niños dentro de las entidades de la Iglesia.
El Vaticano reafirmó a inicios de mayo ante una comisión de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, que ha demostrado un "compromiso total" en la lucha contra casos de pedofilia en la iglesia y reiteró su determinación a erradicar esos abusos.
El representante del Vaticano ante la ONU, monseñor Silvano Tomasi, aseguró ante el Comité de la ONU contra la Tortura, --que estudia también los casos de abusos de niños--, que se habían examinado en los últimos diez años 3.420 casos basados en "acusaciones creíbles", concernientes a abusos cometidos por religiosos entre los años 1950 y 1980, tras lo cual 848 sacerdotes fueron reducidos al estado laico.
Otros 2.572 recibieron instrucciones de "vivir una vida de oraciones y penitencia", por ejemplo en los monasterios, indicó Tomasi, precisando que esos religiosos habían sido colocados en un contexto donde no tenían acceso a niños.
La ONU, y varios grupos de defensa de víctimas y ONG, han acusado al Vaticano de minimizar por décadas los abusos sexuales cometidos por sacerdotes e de intentar esconder la realidad, destruir las pruebas, intimidar a los testigos, en lugar de destituir a los responsables y llevarlos ante la justicia.
El primer informe del Vaticano fue presentado al Comité de la ONU contra la Tortura, un ejercicio al que deben someterse todos los signatarios de la Convención contra la Tortura de 1984.
