Latinoamérica fue en 2014 la región más peligrosa para los activistas medioambientales tras el asesinato de 87 personas, según un informe publicado el lunes por la organización británica Global Witness, que tacha a Honduras como el peor país para defender la naturaleza.
En total 116 personas perdieron la vida en todo el mundo por luchar contra proyectos que ponen en peligro la conservación de la Tierra, un 20% más que en 2013.
Brasil fue el país en el que se registraron más víctimas con 29 homicidios, seguido de Colombia con 25, Filipinas con 15 y Honduras con 12, el menos poblado de los cuatro.
El registro de asesinatos de activistas en África, Medio Oriente , Asia central y China es incompleto debido al limitado acceso que tienen las organizaciones internacionales y a la falta de medios de comunicación independientes en muchas de estas regiones, según el informe.
El estudio titulado "¿Cuántas (muertes) más?" (How Many More? en inglés) destaca que 47 de las víctimas mortales (40%) eran indígenas y subraya que los homicidios están relacionados con proyectos mineros, agrícolas e hidroeléctricos.
"El ataque sistemático contra los activistas también ha ido acompañado de protestas violentas, límites a las libertades civiles y leyes que debilitan la protección del medioambiente", señala el informe.
Honduras en crisis. Honduras, el país más peligroso del mundo, teniendo en cuenta el número de crímenes per cápita, también es el lugar más hostil para defender la naturaleza.
Los ambientalistas son asesinados "de un disparo en la cabeza a plena luz del día, secuestrados, amenazados o hasta tratados como terroristas por oponerse al llamado desarrollo", denuncia Billy Kyte, analista de Global Witness, sobre el país centroamericano.
Al menos 111 ecologistas perdieron la vida entre 2002 y 2014, según el recuento de esta organización.
"Los verdaderos autores de estos crímenes, que tienen de fondo una poderosa conexión de intereses estatales y empresariales, están logrando escapar sin ser castigados. Es urgente tomar acciones para proteger a los ciudadanos y llevar a los culpables ante la justicia", agrega Kyte.
