Guatemala
Tres meses es el tiempo que la exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti esperará en la prisión de Santa Teresa hasta que un juez determine si existen o no motivos suficientes para iniciar un juicio en su contra, tras ser acusada de ser una de la líderes de la red criminal de defraudación aduanera "La Línea".
El juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado B de Mayor Riesgo, resolvió dejar a la imputada en prisión preventiva mientras el Ministerio Público (MP) concluye con las investigaciones en un plazo de tres meses, que vence el próximo 25 de noviembre.
Baldetti, acusada de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo, escuchó compungida y a punto de llorar la decisión judicial que puso fin a tres días de audiencias, en las que la ex dignataria se negó a prestar declaración.
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Pero antes de subir a un ascensor de la Torre de Tribunales, la exvicepresidenta rompió su silencio y comentó que no le importa ir a la cárcel de Santa Teresa.
"No me importa, yo estoy dispuesta a que haya un estado de derecho en Guatemala", dijo a los periodistas en medio de las estrictas medidas de seguridad que, según el Ministerio de Gobernación (Interior) , velan por su integridad.
También expresó que no se siente traicionada por el presidente, Otto Pérez Molina, y descartó que el jefe de Estado esté implicado en la red de corrupción que la ha llevado a ser la primera mujer exvicepresidenta en ir a prisión.
Durante la audiencia, el juez rechazó la petición del abogado Mario Cano, de dejar en arresto domiciliario a Baldetti mientras concluyen las investigaciones, debido a que uno de los delitos que se le imputan, el de asociación ilícita, no goza de ninguna medida sustitutiva.
"Se resuelve la prisión preventiva con fines cautelares para garantizar los resultados del proceso", dijo el juzgador.
Explicó que su decisión se basa en que existe peligro de fuga y de obstrucción a la averiguación de la verdad en el proceso abierto a la exdignataria.
Gálvez agregó que el peligro de que Baldetti pueda destruir, ocultar o modificar pruebas existe porque aún falta que se capture a por lo menos 14 integrantes de la red de defraudación aduanera.
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"Este órgano considera que el peligro de fuga y obstrucción no está superado", sostuvo Gálvez.
El fiscal del MP, José Morales, respaldado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) , detalló en la diligencia que Baldetti tiene la nacionalidad italiana y podría escapar a ese país si se le dejaba con arresto domiciliario.
"Guatemala no tiene ningún convenio de extradición con Italia" , justificó el acusador.
En un intento por revertir la decisión, Cano expresó que la cárcel de Santa Teresa no tiene las condiciones mínimas de seguridad para su defendida y que puede ser agredida o incluso asesinada.
"Ingrid Roxana Baldetti no es una exfuncionaria común, lo responsabilizo a usted de la vida", le dijo el abogado al juzgador, que no cedió a las presiones y mantuvo firme su fallo.
El juez manifestó que garantizar la seguridad y la vida de una persona en las prisiones no es responsabilidad suya sino del Estado.
"Sería responsable si la enviara hoy mismo, pero estoy dando de plazo tres días al Sistema Penitenciario para que adecúe un espacio que le garantice su vida", afirmó.
La trama de corrupción "La Línea" fue desmantelada el pasado 16 de abril por el MP y la Cicig, caso por el que hay 27 personas detenidas y ligadas a proceso.
Baldetti renunció a la Vicepresidencia el 8 de mayo último y fue hasta el pasado viernes cuando fue detenida en un centro asistencial privado para ser sometida a la Justicia.
La decisión del juez de enviarla a prisión preventiva se dio en momentos en que diversos sectores realizan bloqueos y protestas en Guatemala para exigir la renuncia del presidente.
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El Congreso tiene en sus manos la decisión de levantar o no la inmunidad a Pérez Molina por un antejuicio planteado por el MP y la Cicig, que consideran que también es uno de los líderes de "La Línea".
Sin embargo, el pasado domingo el mandatario defendió su inocencia, pero pidió perdón al pueblo porque en el hecho están implicados ex funcionarios que él mismo designó.
La audiencia para determinar si hay juicio contra la exvicepresidenta está programada para el 8 de diciembre.