La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de El Salvador por la desaparición de una niña y tres niños en el marco del conflicto armado que vivió este país entre 1980 y 1992, y le ordenó continuar las investigaciones en forma eficaz y diligente.
El caso se refiere a las desapariciones forzadas de José Adrián Rochac Hernández, Santos Ernesto Salinas, Emelinda Lorena Hernández, Manuel Antonio Bonilla y Ricardo Abarca Ayala, ocurridas entre el 12 de diciembre de 1980 y el 22 de agosto de 1982 sin que hasta la fecha se haya determinado el paradero o destino posterior de los mismos".
"Dichas desapariciones se dieron en el transcurso de diferentes operativos de contrainsurgencia durante el conflicto armado en El Salvador y no constituyeron hechos aislados, ya que se insertan en el patrón sistemático estatal de desapariciones forzadas de niñas y niños, que se verificó durante el mencionado conflicto armado", apunta el resumen de la sentencia publicado este viernes en la página web de la Corte.
Durante las audiencias del proceso en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en San José, las autoridades salvadoreñas reconocieron la responsabilidad del Estado y pidieron perdón a los familiares de las víctimas.
No obstante, estos hechos permanecen en la "más absoluta impunidad", señaló el tribunal internacional, que es un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
"El Tribunal determinó que el Estado realizó injerencias sobre la vida familiar de la entonces niña y los entonces niños, víctimas del presente caso, al sustraerlos y retenerlos ilegalmente vulnerando su derecho a permanecer con su núcleo familiar", indicó el informe.
Los magistrados destacaron que a estas alturas, después de 30 años de iniciadas las primeras investigaciones, los casos se encuentran en sus etapas preliminares, sin que se haya individualizado las responsabilidades penales, "lo cual ha sobrepasado excesivamente el plazo razonable para estos procesos".
La Corte ordenó al Estado salvadoreño acelerar los procesos de investigación para encontrar y sancionar a los responsables, así como efectuar una búsqueda "seria" para determinar el paradero de la niña y los niños y adoptar las medidas necesarias para la restitución de la identidad de estas personas, en caso de encontrarse con vida.
Asimismo, ordenó al gobierno garantizar el acceso público, técnico y sistematizado a los archivos que contengan información útil y relevante para la investigación en causas seguidas por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado, entre otras medidas.