Brasilia.
La procuraduría de Brasil solicitó este martes a la Corte Suprema abrir investigaciones sobre políticos con fueros para determinar si participaron en la monumental trama de corrupción que sacude a la estatal Petrobras y mantiene en vilo al gobierno.
La solicitud incluye 28 procesos que involucran a 54 personas, entre ellos políticos con cargos vigentes, e inaugura lo que se espera sea una etapa de fuertes tensiones institucionales en la potencia latinoamericana.
"Son 28 pedidos de apertura de investigaciones y 7 archivamientos, que involucran a 54 personas", incluyendo políticos, dijo a la AFP un asesor de prensa de la fiscalía general.
Originalmente, la procuraduría había informado que las 54 personas implicadas tenían fueros privilegiados, pero luego aclaró que algunos no los tenían aunque estaban conectados a políticos con cargos vigentes.
Los nombres de quienes serán investigados, si la Corte lo aprueba, no fueron divulgados porque las causas están bajo secreto judicial. Pero el Fiscal General Rodrigo Janot, quien presentó la solicitud, pidió el levantamiento de esa reserva. Ahora la Corte debe contestar.
La "Operación Lava Jato" (lavadero de autos) consistió en un sofisticado esquema delictivo que asoció a algunas de las mayores empresas del país con directivos de Petrobras, otrora orgullo de los brasileños, para manipular licitaciones y desviar fondos.
La red giró unos 4.000 millones de dólares durante una década, según datos de la policía federal.
Según las delaciones que hicieron algunos acusados a cambio de una reducción de sus eventuales condenas, y que fueron filtradas a la prensa, los fondos desviados fueron destinados a cuentas personales o para financiar partidos políticos.
Las especulaciones sobre sus ramificaciones en el Congreso y en distintos niveles de gobierno apuntan a figuras tanto afines al gobernante Partido de los Trabajadores y sus aliados como a algunos opositores.
De acuerdo con las distintas causas, el pago para los directivos de la estatal variaba entre 1% y 3% del total de los contratos multimillonarios.
El escándalo ahoga a la mayor compañía pública de Brasil en una mezcla de sobornos, fraude, manipulación de licitaciones públicas y lavado de dinero, que fue calificada como la mayor investigación de corrupción de la historia del país por la procuraduría general de la República.
Petrobras presentó en enero un balance del tercer trimestre de 2014 sin auditar y sin definir las pérdidas de la corrupción. La firma determinó un sobrecosto de 88.600 millones de reales (USD 30.551 millones al cambio actual), pero no precisó cuánto correspondía a la saga delictiva de la que fue blanco. El balance fue seguido de dos recortes en su nota crediticia y de la salida de su presidenta, Graça Foster, y otros cinco directivos.
La empresa dijo que presentará su balance auditado a fin de mayo y anunció un fuerte recorte de sus inversiones.
El sistema delictivo que se enquistó en la hasta hace poco empresa emblemática de Brasil invadió la agenda política desde el inicio del segundo mandato de la presidenta Dilma Rousseff en enero.
Y la mancha se acercó al gobernante Partido de los Trabajadores, cuando João Vaccari Neto, tesorero de la agrupación fundada por el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, fue llevado a declarar por la fuerza, aunque poco después fue liberado.
Los alcances y las consecuencias políticas de las investigaciones podrán empezar a vislumbrarse con mayor claridad si la corte suprema autoriza el avance de la fiscalía y levanta el secreto judicial que protege a los nombres de la lista presentada esta noche.