A pesar de la decisión del TSE de eliminar el requisito de presentar facturas timbradas para redimir gastos electorales, siete partidos políticos seguirán exigiéndoles a sus proveedores que su documentación esté debidamente registrada ante la Administración Tributaria.
Así lo harán Acción Ciudadana (PAC), Frente Amplio, Movimiento Libertario, Nueva Generación (PNG), Restauración Nacional, Alianza Demócrata Cristiana (ADC) y Liberal Progresista (PLP), que se manifestaron en contra de la medida o la estimaron inadecuada.
Dos partidos, en cambio, aplauden la medida, por considerar que permitirá a las agrupaciones reembolsar servicios que antes no podían liquidar, y que se pagaban por fuera. Estos son Renovación Costarricense y Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).
En tanto, las agrupaciones Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Republicano Social Cristiano no se pronunciaron ni a favor ni en contra, en una ronda de consultas hecha por este medio.
De hecho, aunque una apelación del PUSC fue la que resultó en la resolución del TSE, el presidente del grupo, Pedro Muñoz, alegó que los magistrados fueron más allá de lo que se había solicitado.
Muñoz negó que la Unidad haya solicitado eliminar el requisito. Adujo que el alegato con que pidieron la revisión de la liquidación de gastos de las elecciones municipales es que eran facturas timbradas cuyos proveedores no estaban en regla con Tributación y que "el PUSC no sabía eso".
"Cuando usted va a un comercio, una bomba de gasolina, por ejemplo, uno pide una factura y ya, no revisa si está en regla con Tributación. Toda esa historia de la factura sin timbrar no sé dónde arrancó", adujo Muñoz.
"Si eso es así (que se eliminó el requisito en el Reglamento de Financiamiento), el Tribunal está yendo más allá de la solicitud del PUSC", agregó Muñoz.
Según resolvieron los jueces electorales, la obligatoriedad de tener facturas timbradas por parte de Tributación es exclusiva del proveedor y no del partido que contrata los bienes y servicios.
En criterio de los magistrados, a nivel legal, los comprobantes del pago no autorizados por Hacienda tienen la misma validez probatoria que los que sí cuentan con ese aval tributario y, por ende, pueden ser reembolsados con recursos de la deuda política.
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Por otra parte, un letrado del TSE, Juan Luis Rivera, y la directora a. í. del departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, Guiselle Valverde, adujeron que la eliminación de ese requisito no implica que ya no se haga una revisión minuciosa de los justificantes.
Rivera alegó que no se trata de facturas "de pulpería o bazar", sino que los documentos que justifiquen gastos deben cumplir con ciertos requisitos y que, cuando no los cumplan, entonces pasarán los registros de esos proveedores a Tributación, de oficio.
Valverde y Rivera negaron, ante consulta de este medio, que se trate de un incentivo para que los partidos aumenten la cantidad de facturas no registradas ante la Administración Tributaria, pues insistieron en que los controles y labores de campo del Departamento de Financiamiento permiten perseguir sumas de dinero que generen sospechas en la administración electoral.
El tesorero del PAC, Anthony Cascante, afirmó que su agrupación mantendrá la exigencia de pedir facturas timbradas con el siguiente argumento: "Es el principio de dotar al Estado de todas las herramientas para luchar contra la evasión y la elusión fiscal. Es parte de nuestra autorregulación, no utilizar esa posibilidad que se da ahora".
El secretario general del Frente Amplio, Rodolfo Ulloa, argumentó que hay casos en los que es difícil presentar facturas en algunos gastos, como una lancha que transporte partidarios en un río de Talamanca, pero en principio están en contra de flexibilizar la normativa: "Sí creemos que los gastos de los partidos se podrían convertir en medios para evadir Tributación, dar facturas sin timbrar, pero hay que conocer primero bien la resolución".
Para Mario Redondo, presidente de la ADC, la medida no abona a la transparencia ni es "razonable ni prudente"; mientras tanto, el tesorero libertario, Carlos Herrera, considera que "desde el punto de vista técnico, la resolución no tiene ningún fundamento".
"En el día de las elecciones, uno no puede pedirle a la señora del arroz con pollo, al muchacho que jala gente, una factura así, ahí sí estoy de acuerdo, pero en los gastos habituales de todos los días, cuando se contrata personal y servicios, no me lo explico. En el ML hemos sido muy cuidadosos de no contratar a personas que no den factura", explicó Herrera.
Carlos Avendaño, presidente de Restauración, asegura que la decisión le quita una carga al partido. No obstante, apuntó que tal como se resolvió, puede contribuir a que no se capten recursos que irían para el fisco. "No se puede abrir el portillo de que las personas vayan a operar sin que personas paguen impuestos, pero mi criterio es que la obligación es del proveedor", comentó. Insistió en que es delicado y peligroso quitar la obligación, porque contribuiría a la fuga de recursos que hoy van al fisco.
Los que aplauden
El diputado Óscar López, del PASE, criticó a Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), quien este miércoles lamentó y criticó la decisión del TSE y advirió que se trataba de un portillo para la legitimación de capitales de origen ilícito.
"Ese señor debería decirle a Costa Rica por qué se le agachó a Otto Guevara al sacar los sportsbooks de la ley antilavado (ley 9449) y ahora sale diciendo que los partidos pueden recibir dinero del narcotráfico. Me parece que el señor es poco serio", dijo Óscar López.
El criterio de Justo Orozco, presidente de Renovación, es que los magistrados electorales "hicieron un buen razonamiento, porque el problema (de no estar inscrito ante Tributación) es del proveedor, no del que compra el servicio".
"Nuestro partido ha sufrido una merma en las inversiones por esa situación, entonces, en buena hora", añadió el exdiputado Orozco.
Neutros, por ahora
En el Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), Dragos Dolanescu, presidente de la agrupación, dijo que no analizan la decisión del TSE.
"Hasta ahora nos hemos apegado a la ley y no es algo que nos interese, queremos seguir trabajando como hasta ahora. Con esto, se abre una puerta más, para que un partido pueda redimir el dinero que gasta, pero por ahora no es importante para nosotros", comentó Dolanescu.
Apuntó que, hasta ahora, han venido trabajando con gente que factura y está totalmente en regla.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), su tesorera, Paulina Ramírez, se extrañó bastante de una decisión que, de haberse tomado antes de marzo, no los habría dejado a ellos sin unos ¢50 millones, cuando resultaron castigados por problemas en facturas de la liquidación.
"El último desembolso se nos hizo a finales de marzo. Aceptamos la posición que ellos (TSE) tuvieron en su momento, cuando se nos notificó, lo aceptamos, pero ahora hay un cambio de opinión y nos gustaría conocer la razón del cambio", comentó Ramírez.
Se intentó consultarle al TSE una posición sobre las críticas del director del ICD, Guillermo Araya, a la decisión y la posibilidad que sugirió de que eso debilite los controles antilavado. Sin embargo, Gustavo Román, asesor de Gestión Política del Tribunal, alegó que la institución no se referirá a esos puntos.
Argumentó que, de una reunión sostenida con el primer vicepresidente y ministro de Hacienda, Helio Fallas, y el director del Instituto sobre Drogas se determinó que se trabajará en mesas de trabajo técnicas para mejorar los controles a la evasión fiscal y la legitimación de capitales.
"Los representantes de las tres instituciones coincidieron en revisar y afinar los mecanismos de coordinación y cooperación contra la evasión fiscal y la legitimación de capitales", dijo Román.
Se intentó tener una respuesta del Ministerio de Hacienda y del Instituto Costarricense sobre Drogas, pero voceros de ambas entidades alegaron que se acordó que las respuestas sobre el tema solamente se darían desde el TSE.
La medida adoptada por los magistrados fue eliminar, en el inciso a del artículo 50 del Reglamento sobre el Financiamiento de Partidos Políticos, la frase "debidamente autorizado por la Administración Tributaria" en el caso de los justificantes de gastos electorales para solicitar el desembolso de la contribución estatal.
Esa norma existía, como tal, con exigencia de la factura timbrada, en el reglamento del 2001 utilizado por la Contraloría General de la República cuando a esta institución le correspondía la revisión y liquidación de los gastos electorales de los partidos políticos, como entidad encargada de vigilar el bueno uso de los recursos públicos.